- Cordero dice que son informes parcializados de organismos de derechos humanos
Elízabeth Romero
Una vez más, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo serios señalamientos en contra de la Policía Nacional, sobre presuntos abusos y maltrato en contra de los detenidos.
En su informe anual, correspondiente al 2003, el Departamento de Estado destaca las acusaciones en contra de efectivos policiales por la autoría de 20 homicidios y otros 145 casos en que hirieron de gravedad a sospechosos de delitos, mientras intentaban arrestarlos.
Señala que en general el Gobierno nicaragüense respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, pero persisten problemas en algunas áreas. “A finales del año miembros de las fuerzas de seguridad seguían bajo investigación, acusados de homicidio doloso”, revela parte del informe en inglés, según una traducción no oficial.
“La Policía continuó golpeando y cometiendo otros abusos contra los detenidos, algunos de los cuales afirmaron haber sido víctima de torturas. Las condiciones en las celdas de detención siguen siendo duras”.
“Las fuerzas de seguridad detuvieron y arrestaron de manera arbitraria a miembros de la ciudadanía; no obstante, la cantidad de denuncias de este tipo disminuyó en el transcurso del año. A pesar que el Gobierno castigó efectivamente a algunos de los que cometieron abusos, persistió cierto grado de impunidad”, revela parte del texto.
¿INFORME PARCIALIZADO?
La semana pasada el director general de la Policía nicaragüense, primer comisionado Edwin Cordero, reaccionó un tanto molesto por el informe, indicando que “todos los años nos acusan de violadores”. Luego la Policía evitó hacer nuevos comentarios al respecto, informando que posiblemente lo hagan en una conferencia de prensa esta semana.
A criterio del jefe policial, el Departamento de Estado recibe informes parcializados de organismos de derechos humanos, que los recoge sin verificar.
Sin embargo, el documento oficial entregado la semana pasada por la Embajada de Estados Unidos en Managua, a instituciones y organismos nacionales, retoma información de la misma Policía Nacional.
Al referirse al tema de la integridad de las personas, el documento menciona que “no hubo denuncias de asesinatos políticos por parte de funcionarios del Gobierno; sin embargo, la Policía recibió 20 acusaciones de homicidios cometidos por la Policía; cada una de éstas fue referida por la Inspectora General de la Policía a los juzgados. Todos estos casos estaban pendientes ante los tribunales a fines del año”.
También menciona que la Policía Nacional recibió durante ese período, 274 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por oficiales de esa entidad, “incluidos casos de homicidio doloso, así como quejas enviadas por la Inspectoría Civil de Responsabilidad Profesional, encontrando mérito en 92 de ellas”.
“La Inspectoría General sancionó a un total de 176 oficiales por violaciones a los derechos humanos. De los sancionados, 11 de ellos fueron dados de baja deshonrosa, 103 fueron remitidos a los tribunales por cargos de violación a los derechos humanos y corrupción y el resto recibió penas menores que incluyen democión, suspensión y pérdida de salario”, destaca el informe.
CASOS DESTACADOS
Entre los casos mencionados está uno ocurrido el nueve de junio, cuando Saturnino Varela Escalante murió horas después que una patrulla de la Policía, al mando del oficial Javier Somarriba, lo detuvo en Somotillo, Chinandega, bajo el cargo de alteración del orden público. Informes médicos señalaron que Varela murió de lesiones del corazón provocadas por una fuerte golpiza.
El oficial Somarriba, quien ya estaba bajo investigación por hurto y robo, fue dado de baja de manera deshonrosa y se cree que huyó a Honduras.
El 3 de agosto del mismo año, el oficial de la Policía, Dimagio Valverde, le disparó a Marvin José Miranda, de 18 años, después que éste supuestamente intentó asaltar a un taxista en el barrio El Rodeo en Managua.
La familia de la víctima declaró que Valverde le disparó a Miranda en el cuello, a pesar que éste había intentado esconderse cuando la Policía llegó al lugar de los hechos. El abogado de Valverde alegó que la pistola se disparó de forma accidental.
DENUNCIAS de MALTRATO FÍSICO
En el inciso referido a la tortura u otro castigo cruel, inhumano o degradante, el informe menciona que aunque en Nicaragua el uso de la tortura es un delito penado por la ley, “la Policía continúa golpeando y cometiendo otros abusos contra los detenidos”.
Menciona que se presentaron numerosas denuncias, afirmando que la Policía golpea o maltrata físicamente a los detenidos, a menudo para obtener confesiones.
También hace referencia de informes presentados por el que califica de “una prominente ONG”, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), sobre denuncias recibidas durante el primer semestre del año pasado, cuando recibió “293 denuncias de tortura o trato degradante que se imputaba a las autoridades, de las cuales logró corroborar 232”.
El abogado del CENIDH, Bayardo Izabá, calificó el informe de “injerencista”, indicando que “manipula algunas de las cifras que ha dado a conocer el CENIDH”.
Izabá refirió que la cifra a la que se refiere el informe representó el total de denuncias recibidas por ese organismo y no exclusivamente en contra de la Policía Nacional.
“Particularmente de la Policía Nacional, los casos que recibió el CENIDH fueron 70 y de éstos concluimos 59, que es un 84 por ciento, comprobando en 40, es decir en un 68 por ciento, violación de derechos humanos. Además de esas violaciones comprobadas, no es solamente a la integridad física, sino que hay particularmente a la libertad individual, a la seguridad jurídica, entre otros derechos”, dijo Izabá.
DESVISTEN A MUJERES
Según los datos del CENIDH, en el año 2003 a 41 personas se les violó el derecho a la vida. Además, manifestó Izabá, la Policía no tiene una actuación sistemática de vulnerar la integridad física de las personas, aplicando la tortura como una política institucional.
De las denuncias comprobadas por el CENIDH “en varios de los casos hubo maltrato físico o un trato inhumano cruel y degradante inclusive”.
El funcionario dijo que cuando realizan allanamientos a viviendas de sospechosos por tráfico de droga, la Policía desviste a mujeres e incluso a adolescentes; y ya desnudas las obligan a efectuar sentadillas “y se les hacen registros que violentan la dignidad humana”.
El informe del Departamento de Estado refleja que la Inspectoría General de la Policía Nacional registró 586 quejas de maltrato, que se imputaban a la institución y determinó que 188 tenían fundamento.
Recoge además algunas recomendaciones efectuadas durante ese período por el Procurador de los Derechos Humanos, que “aunque también está politizado” hizo algunas recomendaciones ampliamente difundidas durante el año “y que cuestionaban de manera directa las acciones de las fuerzas de seguridad”.
LISTA DE CASOS
Entre los casos relevantes del informe están la acusación de violación en contra de una niña de 13 años, en la propia delegación policial, por el jefe de la Policía de Rosita, capitán Francisco Orozco. Este hecho ocurrió el 15 de mayo.
Un examen del forense reveló evidencia de abuso anterior y de una violación reciente. Orozco fue dado de baja de inmediato mientras estaba en curso la investigación. En octubre, un jurado sobreseyó a Orozco de los cargos que se le imputaban.
En junio, el agente de la Policía, Léster García, fue acusado por un oficial superior de violar a una mujer ecuatoriana de 25 años, indocumentada, detenida en la delegación policial en Corn Island, que esperaba su transferencia a las autoridades migratorias locales. García fue despedido de las filas policiales por violar normas de no fraternización, cuando la supuesta víctima reconoció que la relación había sido de mutuo acuerdo.
El 5 de septiembre, una mujer de 29 años presentó cargos en contra del policía Andrés Montes, por intento de violación el 25 de agosto, cuando ella dormía fuera de las oficinas de la Alcaldía en Siuna, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)
El juicio, programado para el 22 de diciembre fue postergado y al final del año seguía pendiente.
ARBITRARIEDADES DISMINUYEN
El 7 de septiembre, en la ciudad de Granada, una patrulla de la Policía impactó con proyectiles de hule a Octavio de la Rocha, de 18 años y supuestamente lo golpeó durante un operativo contra pandillas.
Según testigos, De la Rocha cayó al suelo mientras intentaba huir de la reyerta, entre policías y supuestos pandilleros, momento en que la Policía le disparó y procedió a golpearlo. De la Rocha fue conducido a un hospital local donde permaneció en estado de coma.
Aunque los familiares de la víctima reconocieron que el muchacho inhalaba pegamento, negaron que perteneciera a una pandilla o que fuera delincuente.
Al final del año no había información disponible sobre una investigación policial o sobre acusaciones formales contra ninguno de los policías implicados.
Los arrestos y detenciones arbitrarios de la Policía han disminuido con el nuevo Código Procesal Penal, señala el informe del gobierno estadounidense.
La Inspectoría de la Policía investigó alegatos de abuso de sus agentes y en muchos casos sancionó a los ofensores.
Sin embargo, persistió un grado de impunidad, considera el Departamento de Estado en su informe, que además estima que el inadecuado presupuesto que recibe la Policía Nacional restringió los esfuerzos de la institución por mejorar su desempeño y resultó en un insuficiente número de agentes.
