- Departamento de Estado de Estados Unidos enfatiza que los sobornos o la influencia de
líderes políticos han influido en las acciones y decisiones judiciales en Nicaragua - La presidenta de la Corte Suprema de Justicia dice que “hay montones de jueces que todos los días resuelven apegados a la Ley, en forma objetiva”.
Elízabeth Romero
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera en su informe anual que entre los jueces nicaragüenses ha habido susceptibilidad a la corrupción y a la influencia política.
Las simpatías políticas de los jueces, su aceptación de sobornos o la influencia de los líderes políticos a menudo influyeron en las acciones y decisiones judiciales, apunta el documento de más de 40 páginas.
“El Poder Judicial está sujeto a influencias políticas y corrupción, y su debilidad sigue siendo en muchos casos un obstáculo para el enjuiciamiento de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos”, pese a que la Constitución de Nicaragua establece que el Poder Judicial debe ser independiente.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctora Alba Luz Ramos, reaccionó ayer a estas críticas diciendo que “hay montones de jueces que todos los días resuelven apegados a la Ley, en forma objetiva”.
Agregó que en general los jueces del país resuelven “sin que nadie los corrompa ni económica, ni políticamente, y creo que eso es lo que debería de valorarse”.
Ramos también reclamó que deberían evaluarse los esfuerzos realizados por el Poder Judicial, para mejorar la administración de justicia.
SENTENCIA NEGOCIADA
El Departamento de Estado menciona como uno de los casos que refleja la vulnerabilidad de la justicia a influencias políticas, el fallo efectuado por la juez Juana Méndez el 8 de diciembre pasado, cuando encontró culpable de los delitos de lavado de dinero, fraude y de otros cargos al ex presidente Arnoldo Alemán.
El ex mandatario fue sentenciado a veinte años de reclusión en su hacienda, más la orden de pagar una multa de 17 millones de dólares (equivalentes a 26,486,000 córdobas)
“Las notas de prensa indicaban que la sentencia fue casi negociada bajo la mesa con el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) Se decía que el FSLN había ofrecido una sentencia reducida para Alemán a cambio del control de posiciones claves en la Corte Suprema. Sin embargo, el clamor de la sociedad civil y de la comunidad internacional desbarató el trato”, destaca el documento.
EL CASO CONRADO
Los fallos a favor de aquellas personas con conexiones políticas siguieron siendo la manifestación más visible de la corrupción en el Poder Judicial, revela el informe, que a su vez señala que en diciembre también la juez Ileana Pérez, “fuertemente vinculada al FSLN, absolvió a Silvio Conrado, un influyente asesor de larga trayectoria dentro del FSLN, en materia de finanzas, acusado de acoso infantil”.
Apunta que durante el juicio al menos una menor de edad testificó que Conrado había tenido sexo con ella y con otras tres niñas en edades de 13 a 16 años, luego que el chofer de Conrado las llevaba de la escuela al cuarto de un motel donde el imputado las esperaba.
“El acoso infantil está severamente penado por la ley. La juez Pérez se negó a que el tribunal admitiera los testimonios de esos testigos, contraviniendo aparentemente el procedimiento aceptado en los juicios por abuso infantil”, critica el informe, resaltando que muchos grupos repudiaron la decisión de la juez.
Pero Ramos consideró ambos casos “paradigmáticos”, en los cuales dijo “haga lo que haga un juez, siempre va a ser criticado por una y otra parte porque son casos politizados”.
“En ambos casos hubo un sesgo de ambas partes. En el caso del doctor Arnoldo Alemán, queramos o no, ese caso se va a politizar siempre, porque él es un ex Presidente de la República, y además el primero que está siendo procesado en los tribunales de justicia”, añadió Ramos.
En cuanto al caso del señor Conrado, dijo que desde un inicio se le dio un sesgo político a un delito común al hacer referencia de que era asesor económico del Frente Sandinista.
“Cuando usted desde afuera está diciendo, desde el momento mismo de una acusación o de una captura le está dando al caso un sesgo político, quiere incidir en la voluntad de los jueces, entonces el juez ya no puede decidir de acuerdo a las pruebas, sino que tiene que decidir de acuerdo a lo que están diciendo los medios de comunicación”, justificó Ramos.
PIDE CASOS COMUNES
La presidenta del Poder Judicial dijo que el Departamento de Estado debería tomar en cuenta los casos comunes y “no tomar casos paradigmáticos que, quiérase o no, están partidarizados, no sólo por los partidos políticos, sino por todos los agentes que generan opinión en este país”.
En su recuento sobre el Poder Judicial, el Departamento de Estado menciona que la elección de ocho de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), realizada en junio por la Asamblea Nacional fue considerada por amplios sectores como un acuerdo político tras bambalinas.
Los ocho magistrados tenían fuertes nexos políticos con el ex presidente Alemán o con el FSLN. Los partidos políticos más fuertes ignoraron las listas de candidatos experimentados y políticamente neutrales, que habían sido propuestos por la sociedad civil y por la administración Bolaños, señala.
JUSTICIA EN MANOS DEL FSLN
“El sistema de justicia estaba en manos del FSLN —partido al que pertenecía aproximadamente el 70 por ciento de los jueces— y el FSLN utilizó al Poder Judicial para sus propios fines políticos, especialmente en el caso de los reclamos relacionados con propiedades”, indica el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
No obstante, el informe reconoce que los tribunales civiles y penales siguieron haciendo más expedito el proceso judicial para aquellas personas privadas de libertad en espera de un veredicto final, y el número de estos sospechosos se ha reducido, debido en parte al nuevo Código Procesal Penal. Pero los grupos de derechos humanos y los abogados se siguieron quejando sobre la retardación de la justicia causada por la inacción judicial.
