José Adán Silva
El día que la mataron venía del hospital Bertha Calderón, de hacerse unos chequeos médicos, pues según contaron sus familiares ante las cámaras inclementes de los noticieros, la señora andaba padeciendo de jaquecas.
Las jaquecas, junto a la existencia de la infortunada, acabaron en un horrendo accidente cerca del parque Las Piedrecitas, donde la Policía Nacional determinó que el autor principal del accidente fue el taxista que la llevaba, quien por adelantar en una pista que no debía, estrelló su carcacha contra la endemoniada y no menos macabra presencia de los siempre veloces buses de Managua.
¿Adivinen quién asumió los gastos de los funerales? No era para menos: la familia de la señora. El taxista, según el reporte policial, no tenía seguro de vida ni seguro para daños a terceros ni seguro de licencia ni seguridad para manejar…
A muchos se les vio esta semana protestando frente a la Asamblea Nacional pidiendo que les rebajen el monto del seguro, que por daños a terceros está exigiendo la nueva Ley de Tránsito. Su protesta primaria la acompañaban algunos representantes de cooperativas de buses urbanos ¡Dios mío! Los mismos que ya nos tienen acostumbrados al caos urbano, se hacen acompañar de los que ya nos tienen acostumbrados a aplastar cristianos en las calles de Managua.
Insisten los señores del volante “selectivo” que el monto de 175 dólares es muy alto para el nivel de vida de Nicaragua y que en Centroamérica no hay un seguro más caro que éste que se les cobra. Además, se quejan con razón, de que el seguro es por daños a terceros, pero no los protege a ellos de los daños que terceros les puedan ocasionar.
Quizás todo sea cierto y tal vez la tarifa necesite una revisión justa y apegada a la pobreza del país, pero no deben ignorar que tienen, ante todo, una responsabilidad social que no es negociable: la seguridad del pasajero.
Ellos, quienes deberían ser ejemplos del respeto a las leyes de tránsito, son si no los primeros, los que con más frecuencia vemos haciendo añicos los derechos en la vía que tienen los demás ciudadanos. Y si se les reclama, ya se sabe la respuesta soez que saldrá de muchas de esas gargantas que hoy reclaman “justicia”.
Ahora exigen que si no les rebajan o les extienden otra prórroga antes del 25 de marzo, irán a un paro nacional de transporte, y por ende, al caos urbano.
Estos señores, que realmente tienen derecho a reclamar y a exigir medidas justas para sobrevivir y alimentar sus familias, son los mismos que hace menos de un año se comprometieron a revolucionar el transporte público con unos teóricamente bellos compromisos que no han sido más que eso: presencia decente y limpia, identificación visible, respeto al pasajero, exclusividad después de las 8:00 p.m. y no sé cuántas maravillas más que emanan ese tufillo al que nos tienen acostumbrados los políticos cuando en campañas electorales buscan nuestros votos.
Y así, los oímos decir que su justo reclamo se hace en nombre de los usuarios, para mejorar el servicio y brindar mayor seguridad; para garantizar el derecho a la vida y no sé cuántas mentiras más. Y mientras tanto siguen ahí, en las calles, como si de aspirinas se trataran, acabando gratis con las jaquecas a como sólo ellos saben hacerlo.
