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El titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Mario Arana, rechazó ayer los señalamientos de varios organismos de la sociedad civil que culpan a ese Ministerio de impulsar un proceso de privatización del uso de los recursos hídricos nicaragüenses a través del anteproyecto de Ley de Aguas.
“La ley que tenemos en la Asamblea Nacional no tiene que ver con privatización, sino con la administración y regulación del recurso agua. Nuestra propuesta de ley habla de permisos, de concesiones para (empresas) hidroeléctricas. Inversiones que son ya una necesidad en un país que ya no quiere seguir dependiendo del petróleo, pues las hidroeléctricas no se comen el agua, más bien la almacenan”, comentó el ministro Arana.
A inicios de esta semana, varios organismos de la sociedad civil anunciaron la creación de una alianza por la no privatización del agua, porque creen que el anteproyecto de Ley de Aguas que introdujo el gobierno al Parlamento, sólo busca favorecer la realización de grandes negocios con el recurso hídrico.
Arana dijo que nadie trata de engañar a los nicaragüenses y dijo que es falso que algún inversionista pueda robarse los recursos acuáticos del país.
“Porque en el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos existe un anexo que habla de los recursos que están excluidos, y el servicio de agua potable aquí quedó excluido de cualquier proyecto de inversión”, afirmó Arana.
NO ES COMPETENCIA
Mario Callejas, secretario general del Mific, explicó que los organismos que critican la Ley de Aguas que elaboró ese Ministerio, están tratando de confundir a la población con mensajes alejados de la realidad.
“Por ninguna parte la ley habla de la administración del servicio del agua potable porque esa no es competencia de esa ley, sino de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal). Creo que aquí hay interés en hacerle el bolsillo a quienes nos venden la energía eléctrica más cara de Centroamérica”, dijo Callejas.
La responsable de Políticas y Normas del Mific, María Amanda del Carmen, dijo que en las próximas semanas planean invitar a los miembros de la “alianza en contra de la privatización del agua” a un debate público para demostrarles que son ellos los que tratan de “meter ruido” al proceso de ordenamiento del uso del agua.
“Cómo es posible que en este país aquí cualquiera abra un pozo a la orilla de un río sin permiso de nadie, lo explote y no repare si ese pozo va a dejar sin agua a alguna comunidad río abajo. Si tuviéramos una ley, esto no ocurriera, pero ocurre esto y cosas peores porque no hay un control del uso del agua”, argumentó Del Carmen.
