Néstor Avendañ[email protected]
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Los impuestos impuestos
Néstor Avendaño
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Comparto la preocupación de la Coordinadora Civil sobre el ya famoso “ocultamiento” de C$1,155 millones en los ingresos tributarios del Gobierno Central esperados en este año, porque lo que contiene el Presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional no es consistente con el anuncio oficial de que en 2004 la producción interna de bienes y servicios crecerá 3.7% y la tasa de inflación promedio anual prevista es de 5%.
¿Por qué el Gobierno subestima la recaudación de impuestos en este año? La respuesta, obviamente, debe darla el Poder Ejecutivo, porque la Asamblea Nacional aprobó, sin un profundo análisis, el anteproyecto de esta ley que fue avalado, como una condición, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de que Nicaragua arribara al Punto de Culminación “Flotante” de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados. Sin embargo, podemos sugerir otras explicaciones a la población desde un análisis imparcial.
La Asamblea Nacional aprobó en el Presupuesto Nacional para 2004 un total de ingresos tributarios de C$10,196 millones, mientras que, por otro lado, el Gobierno informó al FMI una recaudación de ingresos tributarios por C$9,910 para 2003, cifra preliminar estimada por el Gobierno en junio de 2003, que mantuvo también como dato preliminar en septiembre de 2003, y que debió haber servido de base para la proyección de impuestos en 2004. Pero también el Gobierno informaba al FMI que la proyección de impuestos para 2004 era de C$11,351 millones al concluir la cuarta revisión del acuerdo económico con dicha institución financiera a finales de 2003. Se confirma, así, que el FMI avala ante el Poder Legislativo un monto anual de impuestos menor al aceptado por la misma institución: la diferencia entre lo que avaló y aceptó es de C$1,155 millones, lo que se ve muy raro en la ética profesional.
La inapropiada estimación de los impuestos aprobados por la Asamblea Nacional se refleja con el hecho de que el monto aprobado para 2004 es apenas 3% mayor del monto preliminar de 2003 revisado en junio de 2003, y mucho menor que el 9% resultante de la simple suma de las tasas de crecimiento económico e inflación que el Gobierno estableció como supuestos fundamentales para la elaboración del Presupuesto de 2004. Aún más, si agregáramos la expansión de la base tributaria derivada de la aplicación de la Ley de Equidad Fiscal, los impuestos recaudados por el Gobierno Central podrían crecer alrededor de un 11% en este año, tasa que se aproxima al 14% que aceptó el FMI en su acuerdo con el Gobierno.
Una lección que puede desprenderse del manejo de una doble contabilidad presupuestaria es que no basta que el Gobierno sea transparente sólo en el uso de los recursos públicos, sino también en el proceso de formulación del presupuesto. Y la transparencia también debería abarcar al FMI. Además, también es necesario que los miembros de la Asamblea Nacional exijan al Poder Ejecutivo la información pertinente con la ejecución presupuestaria del año en curso para aprobar la ley del presupuesto del siguiente año.
Indudablemente, antes que responda el FMI, le corresponde al Poder Ejecutivo explicar a la nación nicaragüense la razón de la enorme discrepancia entre la meta que aprobaron los representantes del pueblo y la que evalúa el FMI. La Coordinadora Civil argumenta que esa discrepancia facilita al Gobierno la entrega de menores transferencias para gastos corrientes a las Alcaldías, al Consejo Nacional de Universidades y al Poder Judicial, así como el pago de la pesada deuda interna contraída con el Sistema Financiero Nacional.
Pero también pueden existir otras razones para explicar la misma discrepancia. Una puede ser que el Gobierno tiene que disponer de planes “contigentes” (¿y por qué no también recursos financieros?) para enfrentar un año con bastante efervescencia política, debido la administración de escasos recursos para realizar las elecciones municipales, la reforma estructural del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción.
Otra razón podría ser la nueva carga fiscal que los nicaragüenses debemos comenzar a soportar a partir de 2005, que está asociada con la privatización de la seguridad social y que será mucho más pesada que la carga de las recientes quiebras bancarias. El Gobierno Central tendrá que transferir recursos presupuestarios al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el cual enfrentará las demandas de los jubilados y de las pensiones de los trabajadores mayores de 43 años de edad, sin recibir las cotizaciones de los asegurados menores de dicha edad que se trasladan, por ley, a las Administradoras de Fondos de Pensiones en el segundo semestre de este año.
Los servidores públicos están obligados a explicar a la Coordinadora Civil todas las razones de la enorme discrepancia. No olvidemos que la ley ordena que las transferencias presupuestarias se realizan como una proporción de los ingresos tributarios del año en cuestión y no en función de los recursos recaudados en el año inmediato anterior, como tratan de argumentar hoy. Tampoco olvidemos que el monto de impuestos que se impuso a la Asamblea Nacional en una forma bastante arbitraria, privilegia las prioridades presupuestarias del FMI ya que debemos pagar la deuda pública interna a costa de la pobreza y la exclusión de los nicaragüenses. La deuda pública interna, por lo tanto, condiciona el presente y posterga el futuro de los nicaragüenses.
El autor es economista.
