Jesús Quintanilla
El editorial “Armas y cultura de la muerte” (LA PRENSA, edición No. 23373), en forma simple asume que la prohibición de armas compradas legalmente en expendios legales disminuiría el crimen y violencia que azotan a Nicaragua.
Si se prohibiera la venta de armas en Nicaragua lo más probable es que nada cambie, o peor, que la violencia escale. En la vasta mayoría de los casos las armas legales compradas en expendios autorizados previenen o paran crímenes: ejemplo son los miles de casos que no se reportan cuando un negociante, un ama de casa o un viejito ahuyentan a criminales con sólo amenazar con un arma de fuego.
Si se prohíben las armas de fuego legales los criminales las adquirirían en el mercado negro, y todos sabemos que Nicaragua es un país donde por unos cuantos dólares cualquiera puede adquirir un AK 47. Éste fue el legado que dejaron los sandinistas. En vez de prohibir las armas legales, se deberían aplicar castigos más severos a los que usan armas de fuego en actos criminales. En Estados Unidos en la mayoría de los estados se aplica la pena capital a los que premeditadamente cometen asesinato.
En Inglaterra las armas fueron prohibidas para el ciudadano honrado, poco después el crimen violento incrementó a un nivel terrible. En Suiza el ciudadano común tiene armas y ese país goza de un índice criminal mucho más bajo que cualquier país en Latinoamérica.
Miami, Florida
