Moisés Martínez moises.martí[email protected]
La Red Nacional de Defensa al Consumidor denunció que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta), trae consigo recomendaciones de parte del Gobierno norteamericano en relación al manejo de los recursos hídricos del país, arrastrando a todos los nicaragüenses a una trampa de privatizaciones en el sector del agua potable.
Ruth Selma Herrera, directora de la Red, dijo que el Gobierno nicaragüense ha mantenido un bajo perfil a estas recomendaciones, pero que en resumen plantean la concesión de algunos recursos hídricos del país, así como la privatización de la generadora energética Hidrogesa y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
GOBIERNO REACCIONA
Sin embargo, el ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Mario Arana, aseguró que “nada tiene que ver el Cafta con el tema y la privatización del agua”.
“La Ley de Aguas va. Se trata de proponer una normativa para lidiar con los conflictos que hay en torno al recurso, priorizando antes que nada el consumo humano”, indicó Arana.
El titular del Mific dijo que está anuente a discutir el tema con la Red para aclarar la situación, y les ofreció darles una copia del texto del tratado.
CRITICAN APERTURA
Según el análisis hecho por los especialistas de la Red del documento que se encuentra disponible en la dirección electrónica www.ustr.gov, que es el sitio web del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Gobierno de este país solicita a Nicaragua que se libere el mercado nacional de agua y se abra al capital extranjero en condiciones no discriminatorias.
NO HAY PRIVATIZACIÓN
Alberto Avellán, gerente general de Enacal, desmintió categóricamente que se estén preparando las condiciones para una privatización de la empresa y que la crisis de reclamos que atraviesa esa empresa se debe principalmente a la enorme cantidad de conexiones ilegales que afectan la red de distribución.
“Enacal en este momento está siendo muy bien administrada, pero es necesario un problema de concienciación, porque las conexiones ilegales de asentamientos e incluso de barrios con alto nivel social, provocan vacíos que fracturan la tubería y provocan el desabastecimiento”.
Agregó que “en eso estamos trabajando, pero sin intención de privatizar. Tenemos que hacerlo con nuestros propios recursos, pero siguiendo los procedimientos gerenciales y de recursos que se requieren para trabajar bien la empresa”, declaró Avellán.
“Debemos modernizarnos, dar un mejor servicio a un menor costo posible. No puede seguir una parte de la población pagando lo que otra parte derrocha”, finalizó.
