- Contraloría establece responsabilidades a funcionarios por realizar pagos
a empresas y terceras personas
sin estar facultados por la ley - Pagaban bienes y servicios con utilidades destinadas a la Presidencia de la República
José Adán Silva [email protected]
La Contraloría General de la República estableció responsabilidades administrativas contra varios miembros de la junta directiva de la Lotería Nacional, incluyendo al presidente Carlos Reynaldo Lacayo y al gerente general de esa institución, William Báez Sacasa, por supuestas anomalías en pagos de dinero a personas naturales y jurídicas que estaban fuera del marco legal establecido para tales transferencias.
Una copia del informe preparado por la Dirección General de Auditorías de la Contraloría, así como una copia del proyecto de resolución sobre esa auditoría, a los que LA PRENSA tuvo acceso, señalan que ocho funcionarios de la Lotería Nacional, incluyendo miembros de la junta directiva y personal financiero de la institución, violentaron las normas administrativas internas y “no cumplieron fielmente las leyes, so pretexto de interpretarlas”, al realizar pagos a terceras personas, a cuenta de las utilidades de la Presidencia de la República y la Oficina de Desarrollo y Asistencia Social (ODAS).
Al ser consultado al respecto, William Báez respondió que mientras no sea una resolución oficial, firmada por todos los contralores y notificada a ellos de manera correcta, no emitirá opinión. “No conozco esos documentos, y mientras no sea oficial, no diré nada al respecto”, dijo Báez.
“Esta transacción no se ajusta a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Creadora de la Lotería Nacional, que establece claramente que los beneficios obtenidos por la Lotería Nacional serán utilizados de la siguiente manera: A) Un cincuenta por ciento serán destinados directamente al organismo que ejecuta los programas de bienestar social del gobierno, para su financiamiento. B) El restante cincuenta por ciento será canalizado al sector social para el financiamiento de los programas que determine la Presidencia de la República, priorizando los programas de bienestar social que desarrolla la Oficina de Desarrollo y Asistencia Social”.
INTERPRETABAN LEYES A “SU ANTOJO”
De acuerdo con el documento de la CGR, la modalidad de pagos de la Lotería a proveedores de bienes y servicios se inició hasta el 15 de julio del año 2002, cuando ya estaba constituida la ODAS.
“Ante tales señalamientos debe decirse que los nominados funcionarios no han cumplido fielmente la norma jurídica citada, dado que han interpretado equivocadamente su contenido, cuando ésta es clara y categórica al señalar que la Lotería Nacional deberá transferir el restante cincuenta por ciento de sus utilidades al sector social para financiamiento de los programas que determine la Presidencia de la República, donde se evidencia que en ningún momento les confiere la facultad de sustituir dichas transferencias por pagos a terceros por cuenta de las utilidades por remitir a la Presidencia”.
Algunos de estos pagos, de acuerdo con el documento, se realizaron en el período comprendido entre el 25 de octubre al 31 de diciembre del 2002, bajo la base de Normativas aprobadas por la junta directiva en sesión ordinaria número 214, con fecha del 25 de octubre de ese año.
FUNCIONARIOS MENCIONADOS
Los “pegados” en el proyecto de resolución de la Contraloría, con responsabilidades administrativas en la auditoría son: Carlos Reynaldo Lacayo, Edgard José Delgadillo Peña, Jaime Téffel Pasos, Ruth María Sequeira y monseñor Luis Amado Peña Rojas; todos ellos miembros de la junta directiva de la Lotería Nacional.
También resultaron con responsabilidad administrativa el gerente general de la Lotería, William Báez Sacasa y la gerente general interina, Nora Delgado Gutiérrez, más Luis Alberto Guzmán, gerente financiero de la Lotería.
Una responsabilidad administrativa comprende sanciones como despidos, destituciones, reposición de los fondos mal administrados y otras medidas menores que la Contraloría debe establecer.
TRANSFERENCIAS
De acuerdo con la auditoría de la Contraloría General de la República, un total de 5.5 millones de córdobas transfirió y pagó la Lotería Nacional al despacho de la primera dama de la República, Lila de Bolaños, y a empresas, personas particulares, bancos privados, hospitales, universidades y otras instituciones, por bienes y servicios, lo que a juicio del ente fiscalizador, violenta las normas y decretos sobre el uso de las utilidades que la Lotería Nacional debe reportar a la Presidencia de la República.
