- En informe ante la Corte, el ministro Pedro Solórzano señala que 400 concesiones de trans-porte fueron canceladas conforme a Ley de Moratoria
Ary Neil Pantoja [email protected]
El ministro del Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, dijo ayer que la cancelación de las 400 concesiones de las rutas interurbanas a Masaya y Carazo, la ordenó conforme a la Ley de Moratoria vigente y negó que recientemente haya otorgado nuevas concesiones a otros transportistas.
Solórzano compareció ayer ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para rendir un informe sobre la cancelación de dichas concesiones.
Esta instancia judicial tramita actualmente 79 recursos de amparo en contra de la medida que ejecutó Solórzano meses después de haber asumido la cartera del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Las 400 concesiones de rutas interurbanas, según Solórzano, habrían sido otorgadas por simpatías políticas en el último año de Gobierno del entonces presidente y hoy reo Arnoldo Alemán Lacayo.
Solórzano señaló que, incluso, la mayoría de los beneficiados con las concesiones ni siquiera pagaron los 50,000 córdobas que cuesta cada una.
TRANSPORTISTAS RECLAMAN
En tanto, los transportistas continúan reclamando por la cancelación de las concesiones y niegan que se les hayan otorgado las rutas interurbanas de forma anómala o que hayan violado la Ley de Moratoria.
Juan Martínez, representante de los transportistas que recurrieron de amparo, dijo que Solórzano ha otorgado nuevas concesiones pasando por encima de la supuesta ley y que ello demuestra que las rutas adjudicadas por el Gobierno de Alemán, fueron legales.
A estos señalamientos, Solórzano contestó que no ha autorizado nuevas rutas, sino que ha reasignado rutas a quienes ya las tenían anteriormente. Solórzano confía en que los magistrados de la Sala Constitucional no ampararán a los recurrentes.
Agregó que harán una revisión de las concesiones cuyos transportistas recurrieron de amparo para verificar si cumplieron o no con los requisitos que establece la ley, principalmente el pago de los 50,000 córdobas que cuesta la concesión.
