Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Algunas veces es difícil ser porrista de la democracia. Hace tres años, en las Américas pusimos al presidente peruano Alejandro Toledo en un pedestal tan alto que el único camino que le quedaba era cuesta abajo.
Decidimos alabar y celebrar la derrota del ex presidente Alberto Fujimori y sus compinches, el fin del régimen autoritario en Perú y el amanecer de una nueva era con un nuevo líder escogido en elecciones libres y justas.
Ahora, apenas 30 meses después, Toledo se encuentra solo en medio de la más grande crisis que enfrenta la democracia en ciernes de su país. Y debiera avergonzarnos, ya que luego de encumbrarlo nos retiramos, tomando la decisión de ignorar lo que era predecible.
El colapso de Toledo, reflejado en un índice de popularidad de sólo 7.3 por ciento, el más bajo de cualquier Presidente latinoamericano, es el resultado de una profunda y arraigada corrupción de la que su gobierno no ha podido librarse.
El último caso en una cadena de escándalos éticos ocurrió hace dos semanas cuando César Almeyda, el ex jefe de inteligencia de Toledo, fue puesto bajo arresto domiciliario después de que los medios peruanos revelaron una grabación de Almeyda en la que al parecer conspiraba para influir en un caso ante la Corte, que implicaba a un general retirado que se suicidó después. El general era un confidente de nada menos que el ex jefe de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos. A pesar de que Fujimori está exiliado a miles de kilómetros de distancia, en Japón, y Montesinos está tras las rejas, su terrible legado continúa, y sigue haciendo su trabajo sucio.
¿Qué hacer entonces? Ahora que nuestras porras se han silenciado, ¿estamos listos a considerar lo que la historia de Toledo nos enseña acerca del estado de las actuales estrategias anticorrupción en la región? ¿estamos dispuestos a utilizar el entusiasmo hemisférico para agregar una nueva herramienta que promueva reformas significativas que puedan ayudar a Toledo y a sus sucesores?
Tal como están las cosas, las medidas anticorrupción en las Américas consisten en mucho garrote, un poco de zanahoria y, al mismo tiempo, poca sustancia.
Washington es bastante hábil con el garrote y ha usado sanciones en las Américas por años. En los 90, sus amenazas de incluir a Colombia en la lista de Estados parias incitó al entonces presidente Ernesto Samper a alcanzar una cifra récord de arrestos de narcotraficantes, llegando incluso a desmantelar el Cártel de Cali.
Más recientemente, la administración Bush suspendió 49 millones de dólares en ayuda destinada al Poder Judicial en Nicaragua por ser “ampliamente reconocido como corrupto y politizado”. Funcionarios nicaragüenses acogieron el duro mensaje estadounidense como una forma de apoyo a los esfuerzos del presidente Enrique Bolaños para presionar necesarias reformas judiciales.
Pero las sanciones son de doble filo. Incluso ex funcionarios estadounidenses afirman ahora que haber afrentado a Colombia para provocar su reacción pudo haber tenido el efecto contrario: debilitar al gobierno mientras el narcotráfico se reorganizaba rápidamente.
Washington también puede tentar con zanahorias. En su nuevo plan de ayuda exterior, conocido como la Cuenta del Desafío del Milenio, la administración Bush promete ayuda a aquellos gobiernos que, entre otros requisitos, muestren buen desempeño en combatir la corrupción, de acuerdo con evaluaciones del Banco Mundial. Pero el nuevo plan provee escasa motivación para la mayoría de las naciones latinoamericanas por ser demasiado prósperas para tener derecho a los fondos.
Más allá de duras sanciones e ínfimos incentivos, hay pocas ideas originales para poner en marcha las infinitas promesas de la región de luchar contra la corrupción. Sabíamos que Fujimori y Montesinos eran culpables de algo y no era necesaria la CIA para descubrir que la maquinaria corrupta que gobernó a Perú por una década no iba simplemente a desaparecer con la ausencia de Fujimori.
Una participación más directa y práctica habría sido necesaria desde el comienzo. Es hora de que en las Américas existan auditores regionales que lleven cuenta de las reformas contra la corrupción y, aún más importante, que hagan públicos sus hallazgos. Auditores de corrupción, despachados por un organismo regional como la Organización de Estados Americanos, pudieron haber ayudado a reducir la carga del gobierno de Toledo y a poner en práctica recomendaciones internacionales.
Inmediatamente después de que Fujimori abandonó el Perú, el Banco Mundial envió una misión para evaluar el estado de corrupción. Encontró que el Perú necesitaba responder a las generalizadas “debilidades institucionales dentro de sectores y agencias públicas clave’’ si quería salir adelante. Los investigadores presentaron su informe a Toledo y se fueron —ese fue el fin de la participación internacional más directa contra la corrupción en el país.
Parece todo un desperdicio. Aquellos que se apresuren a rechazar una mayor intervención internacional deberían recordar que las misiones de observadores electorales en su momento fueron fuertemente ridiculizadas. Pero fue precisamente una de esas misiones la que denunció las irregularidades cuando Fujimori fue “reelegido’’ por segunda vez en 2000. Si no lo hubiera hecho, Toledo no habría tenido siquiera la opción de ahora de intentar restaurar la democracia peruana.
