Marcela Sánchez*
Cuando el tráfico se detiene en los semáforos de muchas ciudades latinoamericanas, los negocios se echan a andar. Es fácil comprar fruta para el desayuno, coloridos limpiones para la cocina, flores exóticas para alguien especial o una mascota para los niños, todo de los vendedores que inundan las intersecciones.
Si se encuentra estancado en el tránsito de Bogotá no tiene por qué preocuparse. Simplemente cómprele unos minutos de celular al hombre que lo ofrece en la esquina y podrá llamar a sus amigos para dejarles saber que va en camino.
Muchos turistas quedan impresionados con el espíritu empresarial y lo encuentran incluso encantador. Los residentes lo aceptan como una realidad, conveniente en ocasiones pero molesta y hasta peligrosa en otras.
Los economistas, sin embargo, fácilmente ven más allá del encanto y la comodidad y reconocen el creciente desfile de los que tienen empleo convencional.
Los vendedores callejeros o ambulantes son la cara humana de lo que los expertos llaman economía informal. Este desprotegido mundo de comercio al que el Estado no impone ninguna carga tributaria pero que tampoco recibe de él protecciones laborales o ambientales, u oportunidades crediticias, representa, sin embargo, el 41.5 por ciento del producto económico en América Latina, el porcentaje regional más alto en el mundo.
Los gobiernos regionales han adoptado juiciosamente las reformas macroeconómicas, han privatizado, procurado mantener una disciplina fiscal y bajado las barreras arancelarias. Todo con la esperanza de estimular el crecimiento económico, reducir la pobreza y crear mejores empleos.
Pero las reformas han dejado un inmenso vacío que resulta en una economía informal debido a que los gobiernos han fallado en dar solución a un problema fundamental al alcance de sus manos: anticuados trámites burocráticos que hacen imposiblemente costoso e innecesariamente complicado hacer negocios. La creación de una compañía, la resolución de la disputa de un contrato o el transporte de productos hasta un puerto y desde allí al exterior son procesos simplemente muy pesados para la mayoría de los pequeños empresarios en América Latina.
En Brasil lo llaman custo Brasil o el costo de hacer negocios en el país. Allí, por ejemplo, toma entre dos o tres meses establecer un negocio. A lo largo de la región, el costo Latinoamérica, para acuñar el término, requiere un promedio de 80 días para completar ese primer paso.
Es común citar las consecuencias negativas de dichos costos u obstáculos cuando se discuten internacionalmente. Es mucho más fácil alterarse ante asuntos de gran escala como la pérdida del atractivo regional frente a potenciales inversionistas extranjeros, o las dificultades que enfrentan los exportadores regionales que quieran competir en la economía global.
El impacto interno es igualmente impresionante y se aprecia fácilmente en las esquinas de muchas ciudades latinoamericanas. ¿Será posible que aquéllos que pregonan artículos en las intersecciones se han alejado de la economía formal porque no podían pagar el elevado costo de la firma de un notario o esperar meses para ver el nombre de su negocio publicado en un boletín oficial? ¿O será posible que hayan sido contratados por algún dueño de negocio que también sufría con las reglas?
Empresas de pequeño y mediano tamaño representan el 80 por ciento de la actividad económica en la región y generan la mayoría de los empleos. Aun así, Latinoamérica tiene el sistema más regulado del mundo para abrir un negocio, según la publicación del Banco Mundial, Doing Business in 2004. Regulaciones tan rígidas y onerosas como las latinoamericanas tienden a bajar la productividad, aumentar la corrupción y —¡sorpresa!— enviar más personas al sector informal.
No obstante, líderes latinoamericanos y del Caribe frustraron los esfuerzos de Estados Unidos para lograr que aquéllos se comprometieran antes de la cumbre del mes pasado en Monterrey. Washington quería que acordaran recortar a la mitad el número de días que toma abrir un negocio para cuando se realice la próxima cumbre en Argentina el año entrante.
Las excusas sonaron familiares. Pueden impulsar reformas pero no pueden garantizar que los legisladores en su país las aprueben. O las burocracias que heredaron de la época de la Colonia son simplemente muy confusas para aclararlas fácil y rápidamente.
Esa actitud de “así son las cosas” mantiene a muchos gobiernos regionales sin hacer lo que otros han hecho. El año pasado, por ejemplo, Turquía y Pakistán conectaron electrónicamente las oficinas de impuestos locales, estatales y federales, y Vietnam creó un sistema temporal de permisos para permitir a compañías empezar actividades mientras el resto de los trámites burocráticos siguen su curso.
Esos cambios administrativos solamente pueden marcar la diferencia, asegura Simeon Djankov, uno de los autores del informe del Banco Mundial. Si Brasil sigue el ejemplo de Turquía, Pakistán o Vietnam, podría reducir el tiempo de establecer un negocio de meses a semanas, agregó.
Y eso puede hacer cambiar el flujo vehicular en el centro de Sao Paulo por algo mucho menos caótico. De hecho, si el resto de América Latina toma también ese camino los trabajadores ambulantes podrían finalmente tener la oportunidad de ganarse la vida lejos de la próxima intersección de tránsito.
