Juan José Lacayo yMaría José [email protected]
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Ejecutivo busca consenso para reforma judicial
Juan José Lacayo y
María José Uriarte
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El presidente Enrique Bolaños y sus principales asesores jurídicos confían en que el Anteproyecto de Ley de Carrera Judicial que presentó el Ejecutivo a la Nación este martes, logrará consenso y será aprobado por el Parlamento sin modificaciones sustanciales, porque aseguran que en su elaboración cuidaron de no propiciar roces con la Constitución ni afectar la independencia de los poderes del Estado.
El mandatario desestimó ayer en Masaya que su iniciativa contenga roces constitucionales, como han señalado algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Ese fue el primer requisito que yo puse y no tiene ningún roce, no nos pongamos a debatir eso; eso se resolverá después”, enfatizó Bolaños.
“Esta iniciativa es un insumo”, insistió, tras señalar que la comisión jurídica de la Asamblea Nacional “puede y tiene todo el derecho de hacer modificaciones”.
Acotó, sin embargo, que espera que salga un proyecto de consenso que incorpore los objetivos que busca su anteproyecto, para transformar al Poder Judicial en un organismo despartidizado y eficiente.
NUEVA LEY PODRÍA DESTRABAR CSJ
El asesor jurídico de la presidencia, Fernando Zelaya Rojas, uno de los artífices del anteproyecto del Ejecutivo, destacó en declaraciones a LA PRENSA que esta iniciativa contribuirá a “destrabar” a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Todo mundo está claro de que el Poder Judicial anda mal y la prueba más evidente es que no han podido ponerse de acuerdo para elegir a sus autoridades superiores, presidente, vicepresidente, presidentes de sala. O sea que la Corte Suprema está de alguna manera semi paralizada y lo peor es que esa semiparalización se refleja en los tribunales de Apelación”, señaló.
“Ya hay cuatro tribunales que se están paralizados porque no hay nombramientos de los magistrados que han cesado en su período. Ya está Granada, Masaya, Managua a punto de paralizarse en algunas de sus salas, está la Costa Atlántica parece que se paralizó anteayer. A este paso se va a paralizar todo el Poder Judicial”, advirtió.
SITUACIÓN ATENTA CONTRA ESTABILIDAD
Zelaya añadió que mientras los jueces continúan laborando normalmente, la población no tiene adónde apelar los fallos. “Ese es un problema bien serio que está atentando contra la estabilidad nacional”, indicó el ex magistrado de la CSJ.
El asesor jurídico refirió que ya existe en el país un clamor nacional para mejorar la actividad judicial y precisamente con ese anteproyecto se pretende dar respuesta a ese reclamo de la población.
Explicó que entre las reformas que plantea la iniciativa del Ejecutivo está la de separar las funciones meramente jurisdiccionales (de impartir justicia), de las funciones administrativas, las cuales actualmente desempeña conjuntamente la Corte Suprema.
“La verdad es que la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, pierde demasiado tiempo en andar juzgando a los jueces que se portan mal, tratando de ver las cuestiones presupuestarias, tratando de ver cómo resuelve sus problemas de presupuesto, en fin de una serie de actividades administrativas que no le debieran corresponder”, y eso es parte de lo que se trata de corregir, explicó.
EL CONSEJO NACIONAL
También crea el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, compuesto por cinco miembros: El titular de la CSJ, que preside el Consejo; otro magistrado de la misma Corte, un decano escogido entre las facultades de Derecho de las universidades que tienen personería jurídica y que pertenezcan al CNU y dos distinguidos abogados de reconocida capacidad y honestidad.
El presidente Bolaños propone que ese Consejo se haga cargo de todas esas funciones no jurisdiccionales, y que la CSJ se dedique únicamente a impartir justicia.
Entre otras funciones, el Consejo se encargará de formular el proyecto de Presupuesto, recibir el dinero del presupuesto, distribuirlo de acuerdo con las necesidades, examinar a los jueces, incorporarlos y juzgarlos cuando cometan irregularidades.
“El Consejo no nombrará a los jueces porque esa es una disposición que la Constitución se la otorga a la Corte Suprema”, explicó Zelaya.
Ese organismo establecerá los parámetros y examinará a los actuales funcionarios judiciales y a los nuevos aspirantes, en un proceso público, para ser confirmados en sus cargos o incorporados a la Carrera Judicial.
“Lo interesante de esto es que no se trata sólo de los nuevos aspirantes, sino para todos los actuales jueces que existen en la República; y por supuesto van a examinarlos y a evaluarlos, a ver en realidad cómo están sus conocimientos, su comportamiento, cómo están sus méritos sobre todo”, dijo Zelaya.
El principal parámetro de la nueva Ley de Carrera Judicial será el mérito de cada funcionario o aspirante. “El mérito es la condición necesaria para aspirar, ingresar, ascender y permanecer en la Carrera Judicial”, advirtió.
DESAPARECEN FEUDOS Y JUECES SUPLENTES
Entre los aspectos interesantes de las reformas propuestas está la supresión de los jueces suplentes. “Esto es bien importante, se ha detectado que la existencia de jueces suplentes propicia la corrupción, por las circunstancias que todo mundo conoce”, dijo Zelaya, un experimentado político y veterano funcionario judicial.
Con la reforma, el presupuesto de la Corte será manejado de otra manera. “No habrá discusiones ni pleitos por eso, de que si yo quiero manejar este pedazo de dinero, eso ya no lo tocará la Corte, lo manejará el Consejo”, explicó.
COMISIÓN DISCIPLINARIA TAMBIÉN SE VA
Si se aprueba el anteproyecto de Bolaños se reformará totalmente el sistema disciplinario judicial y desaparecería también la Comisión de Régimen Disciplinario, que funciona actualmente en la CSJ.
A juicio de Zelaya estas reformas son una clara advertencia para todo el Poder Judicial actual, para que tengan más cuidado al ejercer sus funciones como servidores públicos.
Destaca que con las nuevas medidas desaparecerán los “feudos” que tienen los magistrados, con potestad y cuotas para nombrar jueces. “Yo veía que esos feudos no eran convenientes, porque lo que pasaba era que el que sentía que lo nombraba un magistrado le respondía a ese magistrado y el magistrado creía tener también derecho de propiedad sobre ese juez”, recordó.
Igualmente se prohíbe a funcionarios judiciales e incluso a magistrados participar en las actividades políticas de sus partidos. “Eso se va a acabar. Hay una prohibición específica, que aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial ya la contiene, es muy suave la prohibición. Ahora no, incluso, las fiestas sociales que en el fondo tengan carácter político está prohibido que participen, e incurren en faltas disciplinarias graves o muy graves de acuerdo con la ley”.
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