María Cristina Argüello G. [email protected]
La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió recientemente la resolución de designar el 2005 como el Año Internacional del Microcrédito, pretendiendo con ello sensibilizar sobre la importancia de esa actividad en la erradicación de la pobreza, y promoviendo, de esta forma, la sostenibilidad de las instituciones para que puedan ampliar sus servicios.
De acuerdo al programa de acción trazado, Naciones Unidas juntará esfuerzos con estados miembros, sector privado, medios de comunicación organismos no gubernamentales y sociedad civil para crear esa sostenibilidad y promover innovadoras fórmulas financieras.
En contraste con lo que sucede en el mundo, las instituciones de microfinanzas en Nicaragua son criticadas y señaladas como usureras y a la vez son marginadas por las políticas públicas y leyes que más bien deberían promoverlas. Hoy esta situación se hace más evidente cuando vemos titulares estridentes en un diario capitalino, pidiendo mano dura para todas, cuando sólo se refiere a dos casos de una sociedad mercantilista, que ni siquiera pertenece a la categoría de instituciones microfinancieras sin fines de lucro. Esta situación tan sólo demuestra el desconocimiento que priva en torno a la naturaleza y rol que juegan las 23 ONG, sin fines de lucro, afiliadas a la Asociación Nicaragüense de Istituciones de Microfinanzas (ASOMIF.)
En vísperas de la discusión de la ley Especial de Microfinanzas que introdujo ASOMIF hace ya dos años a la Asamblea Nacional, recordé el estudio titulado El impacto Social del Microcrédito en Nicaragua, que pocas personas conocieron. Este estudio fue realizado por Nica Fund, en conjunto con el Consejo Coordinador de Wisconsin con Nicaragua y FIDEG, y analizaba el impacto social de los préstamos en la vida de los pequeños empresarios financiados por seis microfinancieras que, a su vez, reciben recursos de Nica Fund. El estudio de campo reveló, entre sus principales hallazgos, que un 95 por ciento de los entrevistados invierte los préstamos en sus negocios y que sus experiencias han sido positivas.
Curiosamente lo que es objeto de crítica para algunos, como son las tasas de interés generadas por los altos costos de concesión y recuperación de microcréditos en cualquier rincón del país, el estudio revela que éste es un factor de menor relevancia a la hora de solicitar un préstamo. En todo caso, estos intereses resultan ser inferiores a los de las tarjetas de crédito o a los de otras sociedades mercantiles.
Para decenas de miles de micro y pequeños empresarios nicaragüenses, las instituciones de microfinanzas han significado la solución de sus problemas financieros y de producción ya que, bajo diversas figuras jurídicas, en este caso, ONG y cooperativas, han proveído una fuente de ingresos estable en áreas urbanas y rurales. El documento también reveló que las mujeres son las principales beneficiarias de estos préstamos, los cuales son pagados en tiempo y forma para poder acceder a otro préstamo.
A diferencia de la banca nacional que maneja prestamos de 10 mil dólares como promedio, las instituciones de microfinanzas otorgan créditos que promedian los 500 dólares, llevando el crédito donde la banca comercial no opera por razones de incomunicación, dispersión poblacional, rentabilidad o por el alto riesgo que implica hacerlo.
En todas partes del mundo las instituciones de microfinanzas (IMF) se han constituido en vehículos para el desarrollo, bajo condiciones de mercado y con una visión de sostenibilidad exigida por los organismos financieros.
En Nicaragua, de las casi 500 mil MIPYME existentes, unas 168 mil son atendidas en todo el país por las IMF integradas en la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro Finanzas (ASOMIF). La Red de ASOMIF cubre el 35 por ciento de la demanda de crédito de los nicaragüenses más pobres; microempresarios que a su vez garantizan empleo e ingresos, alcanzando de esta forma a casi 600 mil personas. La aceptación de la oferta crediticia de las IMF en el campo ha permitido que, en los últimos años, el micro crédito rural haya llegado a representar el 49 por ciento de la cartera total de las instituciones afiliadas a ASOMIF, convirtiéndose éstas en las principales oferentes del crédito en las áreas rurales, particularmente del sector agropecuario.
Si bien las mejores prácticas son decisivas, la sostenibilidad de las instituciones pasa por contar con marcos legales y políticas públicas favorables a su desarrollo. En Nicaragua, por ejemplo, la situación del 2002 fue crítica para las microfinancieras, que debieron continuar funcionando bajo las reformas hechas a la Ley de Préstamos entre Particulares, y enfrentar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que han afectado seriamente el funcionamiento operativo y financiero de la industria.
Las microfinancieras asociadas a ASOMIF aplauden hoy que la Honorable Asamblea vaya al fin a discutir en plenario la Ley Especial de Microfinanzas, ya que su aprobación, tal como la presentó ASOMIF, conlleva múltiples beneficios al usuario.
El año 2005 se prevé alentador para la industria, al menos en el resto del mundo, donde se promoverá y apoyará el crecimiento de los sectores microfinancieros para que mejor sirvan las necesidades variadas de una gran cantidad de población de escasos recursos. ¿Qué haremos en Nicaragua?
La autora es consultora de Relaciones Públicas
