- Abogado rechaza señalamientos de magistrado Aguilar sobre supuesta “maldad judicial”
Ary Neil Pantoja [email protected]
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Hubo dos órdenes de allanamiento en caso de colombianos
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Abogado rechaza señalamientos de magistrado Aguilar sobre supuesta “maldad judicial” |
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La Fiscal Departamental de Carazo, Vanessa Cordero, reconoció la existencia de dos órdenes de allanamiento y con diferente fecha en el caso de los colombianos Guillermo Amaya Ñungo y Jaime Darío Molina León, enjuiciados y absueltos por el delito de tráfico interno de estupefacientes.
Cordero dijo a LA PRENSA vía telefónica que la orden de allanamiento firmada por el juez Víctor Gómez con fecha viernes 17 de octubre de 2003 no se pudo ejecutar y, por ello, solicitaron otra fechada el sábado 18 de octubre que sí fue ejecutada y es la que consta en el expediente judicial.
Cordero sostiene que la droga y demás equipos de pesaje y almacenaje de los estupefacientes ocupados a los colombianos, fue con la orden de allanamiento del 18 de octubre y no con la del 17, como pretende hacerlo creer la defensa. Sin embargo, esto es negado por el abogado defensor de Amaya y Molina, Javier Hernández Salinas, quien insiste en la ilegalidad tanto del allanamiento, como de los objetos incautados.
Hernández sostiene que la captura de sus clientes y el allanamiento de sus propiedades se hizo el 17 de octubre de 2003, sin orden de captura ni allanamiento que respaldara tales acciones de la Fiscalía.
NO HUBO “MALDAD JUDICIAL”
Hernández rechazó las declaraciones vertidas este fin de semana por el magistrado Marvin Aguilar, quien calificó de “maldad judicial” la actuación del juez Gómez al rechazar las pruebas de la Fiscalía Departamental de Carazo.
Hernández dijo que las pruebas nunca fueron desechadas sin la presencia del representante del Ministerio Público, pues a la audiencia preparatoria, agregó Hernández, asistió la fiscal auxiliar Jeysell Martínez Suárez “la que tuvo plena intervención”.
Hernández dijo que el juez Gómez rechazó las pruebas de la Fiscalía porque “quedó demostrado que (a los colombianos) se les capturó sin orden de captura, sin flagrante delito en fecha 17 de octubre, y que se allanó la finca Refugio Forestal Safari sin orden de allanamiento con fecha 17 de octubre, y que cuando se practicó este allanamiento no se encontraba fiscal alguno”.
Pese a que el juicio concluyó con la absolución de los colombianos, la controversia continúa, pero esta vez está el cuestionado es el Juez de Distrito Penal de Diriamba, Víctor Gómez, sobre quien pende una posible destitución del cargo por supuestas anomalías en el proceso.
