Amparo para los nicas

SAN JOSÉ/MANAGUA.- Un recurso de amparo, de Hábeas Corpus, a favor de cientos de nicaragüenses detenidos por Migración de Costa Rica, durante una redada efectuada el viernes en el barrio La Carpio, en San José, introdujo ayer el jurista privado Carlos Alberto Coronado, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema costarricense.

El recurso lo recibió la magistrada de turno, Ana Virginia Calzada Miranda, informó en Managua la Cancillería nicaragüense.

La Dirección de Migración y Extranjería costarricense informó que antes del lunes, no deportará a ninguno de los 246 nicaragüenses detenidos la mañana del viernes, en el precario La Carpio; y que hasta las 4:30 de la tarde de ayer habían liberado a 186 personas para que apelen su condición migratoria.

El viernes deportaron a un grupo de 46 nicaragüenses que habían sido detenidos en otros operativos migratorios y policiales.

Migración de Costa Rica informó al Cónsul y Embajador interino de Nicaragua, Néstor Membreño, que 147 nicaragüenses fueron liberados horas después del operativo migratorio en que intervinieron más de 300 policías.

Otros 39 nicaragüenses fueron sacados al final de la tarde de las celdas de la Quinta Comisaría de San José.

“Migración indicó que estas personas se liberaron luego que demostraron tener vínculos con costarricenses o habían ingresado con pasaportes al país. Todos ellos tienen un período de cinco días, para resolver su estatus migratorio, según la ley de Migración”, explicó Membreño.

Sesenta detenidos permanecían ayer en las celdas de la Quinta Comisaría, donde se les revisa su condición legal.

Parte de los familiares de estas personas estaban en las afueras de las celdas, para observar su condición y proporcionarles alimentos; y algunos se quejaron de que al preguntarle a los policías sobre sus familiares, éstos en algunas ocasiones no les daban respuestas.

Uno de estos casos es el de Jazmina Flores, quien hasta ayer se enteró que su hermano Hebert Antonio, de 17 años, fue detenido, pero las autoridades no le dan respuesta sobre dónde se encuentra.

“No me dicen nada. No sé realmente dónde está preso mi hermano o si lo van a deportar”, lamentó Flores.

Otro caso es el de Remigio Sánchez, porque no sabe dónde está ubicado su hermano Félix, quien durante el operativo fue bajado de un automóvil particular cuando se dirigía a su trabajo. “No sé dónde está mi hermano. Ya es hora que la Policía me dé información con exactitud”, manifestó.

El cónsul Membreño informó que el lunes se reunirá con autoridades de la Cancillería costarricense y les entregará una nota, en que la Embajada de Nicaragua solicitará una investigación que determine las supuestas irregularidades que ocurrieron en el operativo de La Carpio.

El viernes por la tarde, durante una reunión entre representantes de la Embajada nicaragüense, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, representantes de la Iglesia y habitantes de La Carpio, hubo varias denuncias de abusos cometidos por la Policía.

La Defensoría de los Habitantes prepara un informe sobre las denuncias recabadas, que luego será remitido a las autoridades correspondientes, para exigir una explicación.

El ministro de Seguridad costarricense, Rogelio Ramos, dijo mediante un comunicado que brindará cualquier explicación al Gobierno de Nicaragua sobre los operativos realizados la mañana del viernes en La Carpio.

Ramos insistió en que en todo momento se trató de una intervención policial dirigida a la prevención del delito, y jamás contra los nicaragüenses.

Alegó que el trabajo de las autoridades, en el que también intervinieron agentes del Organismo de Investigación Judicial, de la Policía Municipal de San José y funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia, se efectuó apegado a la ley y sin que se cometiera ningún tipo de abuso.

“La Policía actuó de manera civilista y profesionalmente. Nunca se maltrató a nadie. Era un operativo dirigido a la ubicación de personas ligadas a distintos delitos y nunca contra una nacionalidad en particular”, exclamó el ministro de Seguridad.

VELAR POR DERECHOS DE NICAS

El Canciller de Nicaragua, Norman Caldera Cardenal, instruyó al Consulado en San José que vele por garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses que laboran en esa vecina nación, dice una nota de prensa de la Cancillería.

La directora consular de la Cancillería nicaragüense, Miriam Fonseca, dijo que hoy domingo un equipo de la sede diplomática en San José, estará en la iglesia de La Carpio, para prestar asesoría a todos los compatriotas, sobre todo en el llenado de formularios y documentación migratoria.

“Consideramos que muchas veces por desconocimiento no llenan sus requisitos; estamos tratando de protegerlos en esa área”, refirió Fonseca.

La funcionaria manifestó que esto es parte de una ofensiva en defensa de los derechos de los nicaragüenses que radican en el país vecino del sur, tras la redada ejecutada por funcionarios de Migración costarricense.

Además, las autoridades de Nicaragua pretenden proteger a sus migrantes en caso de deportación, con la elaboración de un documento a través del cual nombren a un apoderado que les permita conservar sus pertenencias y el cobro de su salario en caso que estén laborando.

Explicó Fonseca que los afectados bien podrán nombrar como apoderado al propio cónsul nicaragüense o a la persona que estimen conveniente.

PIDEN PERMISOS

Una nota de prensa de la Cancillería de Nicaragua informó que “el cónsul Néstor Membreño ha mantenido comunicación permanente con la comunidad nicaragüense (en Costa Rica) y las autoridades competentes, con la finalidad de que se flexibilicen las medidas migratorias adoptadas para con nuestros conciudadanos y se les otorguen los permisos temporales de trabajo y las residencias correspondientes”. El Gobierno de Nicaragua espera que las autoridades de Migración costarricense les comuniquen quiénes son los deportados y si no poseen ningún documento, buscarán la próxima semana cómo agilizar sus trámites en el Consulado.