Marcela Sánchez
Gaviria y el presidente colombiano Álvaro Uribe, anunciaron durante el fin de semana que la OEA enviaría una misión para verificar la iniciativa de Uribe que busca desarticular a los grupos ilegales de autodefensa, también conocidos como paramilitares, y ayudarlos a reinsertarse en la sociedad. Con eso, Uribe obtuvo lo que tan urgentemente necesitaba –un respaldo internacional a su plan de paz.
Gaviria no se tomó la molestia de informarle a sus jefes en la OEA que planeaba negociar el acuerdo. En cambio, prácticamente por decreto, los comprometió a ellos y a la organización en un apoyo virtualmente irrevocable a una propuesta que ni siquiera el Congreso colombiano ha aprobado y que muchos en la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, todavía cuestionan.
La celeridad de Gaviria causa preocupación. El próximo miércoles, cuando Gaviria debe rendir cuentas sobre sus actos ante el Consejo Permanente de la OEA, sus miembros probablemente le den una palmada de reproche en la mano por su presuntuoso gesto y emitan enseguida una resolución que apruebe su acuerdo con Uribe.
Pero si se limitan sólo a eso, los embajadores ante la OEA habrán desperdiciado la oportunidad de interrogar a Gaviria acerca de la iniciativa de Uribe y sobre si la OEA puede respaldar decididamente un proceso que tal vez no tiene en cuenta la tremenda impunidad que yace al centro de la violencia paramilitar en Colombia.
Los grupos de autodefensa están conformados por algunos de los asesinos más despiadados de Colombia. Han sido responsables de los asesinatos de cientos de políticos de izquierda, líderes sindicales y civiles inocentes y han colaborado con narcotraficantes por años. Al lado opuesto de las guerrillas de izquierda, los paramilitares han estado en el frente de batalla del largo y cruel conflicto colombiano. Ambos grupos son considerados organizaciones terroristas por los Estados Unidos, que quiere además que algunos de sus líderes sean extraditados por narcotráfico.
Pero a diferencia de las guerrillas, los paras pueden reclamar una perversa legitimidad –el secreto inconfesado detrás de la guerra sucia en Colombia. La proliferación de estos grupos armados de autodefensa fue ignorada por mucho tiempo por una amable sociedad y no hace mucho las leyes colombianas les concedían un status legal.
Tal como está concebida hasta ahora, la iniciativa de Uribe intenta ofrecer a los alzados en armas y sus líderes una oferta lo suficientemente atractiva para que las abandonen. Pero un esfuerzo que busque verdaderamente desmantelar el legado paramilitar en Colombia necesita hacer mucho más que desarmar a aquellos que aprietan el gatillo.
Aquellos que legitimaron la actividad paramilitar con leyes, aquellos que apoyaron sus acciones financieramente o miraron convenientemente en otra dirección cuando cometían sus atrocidades tienen que reconocer su responsabilidad públicamente. Son ellos los que deben demostrar un verdadero acto de contrición para abrir el camino hacia una paz duradera.
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