- Señalan que decisión de la Corte podría ser “politizada” y admiten que gobierno nica está bien asesorado y que el país ha ganado juicios incluso a Estados Unidos
Juan José Lacayo [email protected]
Un editorial publicado el miércoles pasado por el diario El Tiempo de Bogotá, admite que en la disputa de Colombia y Nicaragua ante La Haya, existen “riesgos” de que el fallo de esa Corte internacional sea “politizado” y aceptan que las autoridades nicaragüenses siempre han estado bien asesoradas.
“(Hay riesgos). Nicaragua tiene experiencia en procesos ante el alto tribunal (bajo el régimen sandinista derrotó a los Estados Unidos en el caso de la instalación, por parte de la CIA, de minas marítimas) y está bien asesorada”, admite el editorial.
“Algunos analistas sostienen que la Corte rara vez dicta fallos que favorecen, totalmente, a una de las partes. En la posición ‘nica’, además, hay alusiones demagógicas que hacen alusión a su pobreza y a la política expansionista de Colombia en el Caribe, que podrían abrir espacio a decisiones politizadas. Pero, estrictamente en derecho, la Corte debería acoger la argumentación colombiana y ponerle fin, de una vez por todas, a la discusión”, concluye el editorial de El Tiempo.
UNA INTERPRETACIÓN DEL PACTO DE BOGOTA
El Tiempo califica como un “tono provocador”, “inútil” y “politiquero” recientes declaraciones del canciller nicaragüense Norman Caldera al advertir que su país podría buscar “otras soluciones” si el fallo de la CIJ fuera adverso e insiste en centrar la polémica de la disputa en la posesión colombiana sobre las islas de San Andrés y Providencia, cuando Nicaragua lo que en realidad reclama es su soberanía sobre un vasto territorio marítimo que incluye a ese archipiélago.
“Nicaragua acaba de responder ante La Haya el documento que había presentado Colombia, cuyo punto central es que la Corte no tiene facultad para conocer el pleito. El único tratado que obliga a Colombia a acatar los dictámenes de la CIJ es el Pacto de Bogotá, de 1948, cuyo texto establece sin equívocos que dicha competencia se limita a los conflictos posteriores a su entrada en vigencia. Y las discrepancias entre Colombia y Nicaragua habían sido saldadas por el Tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928”, señala la nota editorial.
Sin embargo, no hacen referencia a que precisamente en el artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, tanto Colombia como Nicaragua, reconocen la competencia de la CIJ. Según la interpretación de Colombia, el Pacto de Bogotá sólo tiene un efecto posterior, no obstante, el texto simplemente hace referencia a que ambos países reconocen la competencia de la Corte. Ese tratado fue ratificado por Nicaragua en 1950 y Colombia lo hizo en 1968.
“Las altas partes contratantes declaran que reconocen, respecto a cualquier otro Estado americano como obligatoria ipso-facto, sin necesidad de ningún convenio especial, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”, señala el artículo 31.
El editorial señala que la controversia podría quedar solucionada si la Corte decidiera que no tiene competencia para conocer de la demanda nicaragüense y ampara su posesión de la Isla de San Andrés, en el tratado de 1928, firmado cuando Nicaragua se encontraba bajo ocupación militar norteamericana y desconocido en la década de 1980 por el régimen sandinista.
EL MERIDIANO 82 NO ES FRONTERA PARA NICARAGUA
Más adelante El Tiempo se hace eco de la posición del gobierno colombiano en el sentido de que el meridiano 82 constituye una frontera marítima, lo que ha sido rechazado reiteradamente por Nicaragua, porque cuando se firmó ese acuerdo, esos territorios constituían lo que en esa época se denominaba como “alta mar” y no eran susceptibles para la apropiación por parte de ningún Estado.
Nicaragua ha argumentado que tras ese tratado surgieron nuevos conceptos sobre los derechos del mar, como la plataforma continental y la zona económica exclusiva de los Estados, territorios que no pueden ser enajenados.
El periódico colombiano insiste en que su país cuenta con argumentos sólidos y rechaza la percepción del gobierno de Managua de que el equipo jurídico del país sudamericano en La Haya no ha sido estable.