Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
A Mauricio Díaz Dávila, a quien se le menciona para ocupar el cargo de Secretario Privado del presidente Enrique Bolaños, la Contraloría General de la República (CGR) le estableció responsabilidad administrativa por el caso de las anomalías en la Embajada de Nicaragua en Costa Rica.
“En los medios se ha estado mencionado su nombre, pero si está siendo considerado no sé, porque el Presidente es bien reservado en esas cosas”, expresó el secretario de Comunicación Social, Joel Gutiérrez.
De acuerdo con las normas técnicas de control interno para el sector público, “para ocupar cargos en alguna entidad u organismo será condición obligatoria que la persona no tenga antecedentes que pongan en duda su moralidad y honradez o que haya sido sancionado legalmente por perjuicio en contra del Estado o la empresa privada o por negligencia manifiesta en el desempeño de un puesto anterior dentro de los tres años precedentes a la fecha en que se califiquen sus requisitos para optar al cargo”.
Díaz, junto a otros funcionarios de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, autorizaron la utilización de fondos (US$34,954.47) provenientes de los ingresos consulares “para gastos operativos” entre agosto y octubre del 2000.
Pero el dinero fue luego depositado en la cuenta consular del Banco Nacional de Costa Rica, hasta el 25 de enero y nueve de abril del 2001.
La Ley de Aranceles Consulares prohíbe a los funcionarios diplomáticos hacer uso de los fondos percibidos en concepto de derechos consulares.
ORDENARON SANCIONES
“Ninguno de ellos demostró fehacientemente cuáles fueron las razones que les motivaron a utilizar los ingresos consulares para gastos operativos a pesar de estar prohibida su utilización”, dice entre otras cosas la resolución de la CGR.
La mencionada resolución fue aprobada por el Consejo Superior de la CGR, el 12 de diciembre del 2002 y notificada al canciller Norman Caldera 30 días después.
En su resolución, los contralores determinaron que Díaz violó la Ley Orgánica de la CGR al incumplir con las disposiciones legales; también habría violado la Ley de Aranceles Consulares; las normas de ejecución y control presupuestario y las normas técnicas de control interno, entre otras.
Por ello estableció responsabilidad administrativa y ordenó al canciller aplicar las sanciones correspondientes, que van desde multas de uno a seis meses de salario, hasta la destitución del cargo.
Según Gutiérrez, a Díaz se le aplicó una sanción correspondiente a una multa de un mes de salario. Díaz dejó el puesto de embajador a inicios de este año y se dice que es para que ocupe el cargo de secretario privado del presidente Bolaños.
