María José Uriarte R. [email protected]
El borrador del proyecto de Ley de Carrera Judicial que impulsa el Ejecutivo para iniciar un proceso de transformaciones en el sistema de justicia, podría ser enviado a más tardar en las próximas tres semanas a la Asamblea Nacional, para que los diputados lo conozcan y emitan sus criterios sobre el mismo.
El proyecto de Ley contendrá no solamente elementos de los dictámenes de mayoría (sandinista) y minoría (liberales) que se encuentran en el Parlamento, sino también las recomendaciones hechas por la comisión especial que presidió en ese sentido el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Iván Escobar Fornos.
El presidente Enrique Bolaños no quiso precisar detalles del proyecto que preparan, pero espera que el mismo sea la pauta para que exista un sistema judicial que responda a intereses de la nación y no partidarios, factor que diversos sectores critican.
Espera que el proyecto de Ley contenga cambios radicales que mejoren el actuar del sistema de justicia, sin que esto se interprete como cambios antojadizos.
“Son suficientemente profundos para que el sistema (de justicia) cambie paulatinamente y que pueda llegar a través de pocos años a ser un sistema confiable para nosotros los nicaragüenses, no se trata de un cambio revolucionario al estilo de los años ochenta, se trata de evoluciones que necesita el sistema”, apuntó el mandatario.
Recordó que la partidización en el Poder Judicial, sobre todo cuando se presentan impasses como el actual, afecta a la población “que está pagando los platos y el que sufre es el ciudadano corriente”.
Es por esa razón que destacó que el compromiso de su gobierno es brindar respuestas a las mayorías, por lo que se debe reformar el sistema judicial, y hacer que se facilite a todo el mundo que pueda esperar y recibir justicia.
REFORMAS CONFORME AL PLAN DE NACIóN
Por su parte, el ministro de Gobernación y principal negociador del Gobierno, Julio Vega, indicó que la iniciativa de reforma judicial que enviará el Gobierno, tiene como principal elemento en su contenido lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Éstas son la separación de las funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia a las funciones administrativas y de regulación de Carrera Judicial y regulación disciplinaria.
“Nosotros no vemos con buenos ojos que la regulación del régimen disciplinario de los jueces y magistrados esté a cargo de los mismos magistrados que nombran a los jueces; tienen que haber algunos organismos de control y contrapeso que permitan que en la administración de justicia de parte de los jueces esté alejada de cualquier injerencia política o personal de quienes ostentan la alta magistratura en la CSJ”, expresó Vega.
A su juicio, hay cosas más importantes que los dos artículos polémicos contenidos en el dictamen de minoría de los liberales, que pretende excluir a quienes hayan pertenecido a órganos de represión, pero que igual tiene solución.
“Alegrémonos porque eso podría desaparecer, lo que no puede desaparecer es que sea una ley que tenga principios sólidos de institucionalización del sistema de justicia”, dijo.
