- Magistrados de la Sala Civil Dos tienen 48 horas para resolver el recurso
Ary Neil Pantoja [email protected]
Un grupo de jueces y magistrados, entre ellos la juez Juana Méndez y la magistrada Mar tha Quezada, solicitaron ayer a los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, agilicen el trámite del recuso de amparo que en contra del dictamen de minoría de la Ley de Carrera Judicial, introdujeron en diciembre del año pasado.
Los representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), pidieron al presidente del Tribunal y a la vez presidente de la Sala Civil Dos, Gerardo Rodríguez, “destrabe” el recurso de amparo que se encuentra en manos de la magistrada Perla Arróliga Buitrago, atrasando su tramitación. Al momento de la visita Arróliga no se encontraba en su oficina.
Los funcionarios judiciales consideran inconstitucionales los términos del dictamen que los diputados liberales introdujeron en el proyecto de Ley de Carrera Judicial, en particular lo referente a que ninguna persona que haya pertenecido a “órganos represivos del Estado”, sean jueces o magistrados y que, además, dicha medida se aplique retroactivamente, es decir, destituir a los jueces actuales que cumplan en esa condición.
Jueces y magistrados rechazaron tajantemente estas pretensiones legislativas que, según dijeron, creará inestabilidad en esas instancias judiciales ante la posibilidad de despidos masivos. Jueces como Adela Cardoza y Néstor Castillo, quienes pertenecieron al Ejército Popular Sandinista (EPS), se sienten amenazados con esta ley si se aprueba tal a como pretenden los liberales.
La juez Juana Méndez fue miembro de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), adscrita el Ministerio del Interior (Mint). Y así hay otros jueces de procedencia sandinista que en algún momento pertenecieron al Ejército, la Policía, la DGSE o el Mint.
Extraoficialmente LA PRENSA conoció que un juez suplente actualmente activo perteneció a la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EBBI), de donde salían los efectivos del cuerpo élite de la Guardia Nacional (GN) y de no muy grata recordación durante la época de la dictadura somocista.
Los jueces y magistrados también se mostraron inconformes con que los diputados de la Asamblea Nacional tengan la potestad de destituir jueces y magistrados de apelaciones con sólo 47 votos, sobre todo, dijo la juez Méndez, porque sería supeditar un poder del Estado a otro.
RECURSO ESTANCADO
Según la juez Juana Méndez, el dictamen liberal es discriminatorio, “que lo único que pretende es encasillar y estigmatizar a algún tipo de persona para que no ocupen los cargos jurisdiccionales”. “Es imposible que una ley de esa pueda ser aprobada, en caso contrario, tendría que hacer dos países para dos tipos de ciudadano”, dijo Méndez.
El recurso de amparo en contra del dictamen de minoría se encuentra actualmente en el despacho de la magistrada Perla Arróliga Buitrago y hasta el momento los magistrados de la Sala Civil sólo han aceptado darle trámite.
El magistrado Gerardo Rodríguez dijo que una vez que resuelvan el recurso, lo enviarán a la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional decidirá sobre el fondo. Una vez aceptado el recurso, dijo Rodríguez, deberán suspenderse los efectos del dictamen de ley, es decir, no se podrán aplicar esas disposiciones.
Rodríguez aclaró que, aunque aún no es ley, sí cabe el recurso contra el dictamen, porque el recurso de amparo también se aplica a las amenazas de perjuicio de una futura ley.