Edith Pineda [email protected]
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Coca no fue prueba
Edith Pineda
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Los cinco colombianos y el guatemalteco fueron detenidos por la Policía de Carazo el 18 de octubre pasado, la que informó que les incautó 485.3 gramos de cocaína. Después les decomisaron cuatro camionetas, un camión y algunas propiedades que en su mayoría aparecían a nombre de Guillermo Amaya Ñungo, el supuesto cabecilla.
Las investigaciones iniciales referían que este grupo pertenecía a una banda de narcotraficantes dedicada a almacenar, preparar y embalar droga, la que luego trasladaban en vehículos con depósitos ocultos diseñados en un taller de mecánica.
Desde el inicio salieron a luz los vínculos de este grupo con Alberto Reyes, alcalde de Carazo, y ante los rumores, el edil admitió que los supuestos narcos habían financiado diferentes proyectos de la comuna. Reyes, sin embargo, se defendió alegando que únicamente conocía al colombiano Amaya Ñungo.
Una vez puestos a la orden del Juez de Distrito de lo Penal de Diriamba, Víctor Gómez, la jefa de la Policía de Carazo, comisionada Elsa Moján Matus y la fiscal departamental Vanesa Cecilia Cordero Espinoza, denunciaron trato preferencial para Amaya Ñungo porque el juez ordenó la devolución de los vehículos incautados al detenido. Por decisión de la Corte Suprema de Justicia, el juez Gómez fue destituido de su cargo sin goce de salario el pasado 9 de enero, mientras la comisión disciplinaria investigaba si hubo anomalías en su actuación al desechar las pruebas que rolaban en el expediente del juicio contra los colombianos.
