- Ministerio del Trabajo de ese país detectó que no les pagan ni el salario mínimo en algunas plantaciones agrícolas fronterizas
Carlos Hernández/Tomado de La Nación
Ciudad Quesada. El Ministerio del Trabajo costarricense detectó que en cuatro comunidades de la zona norte no les están pagando ni siquiera el salario mínimo a los nicaragüenses, documentados e ilegales, que laboran en el sector agrícola.
También se constató que allí algunos patronos no tienen asegurados a sus empleados o recurren a contratistas intermediarios para que éstos los provean de peones y, de esa forma, evitar responsabilidades directas sobre esta mano de obra extranjera.
Esas anomalías fueron detectadas en las localidades de San Carlos, Los Chiles, Upala y Guatuso, en dos investigaciones hechas, el año pasado, por el Área Técnica de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo durante la cosecha de naranja y frijol.
Los estudios trascienden en momentos en que Migración promueve un plan para ordenar el empleo de los nicaragüenses.
SUELDO BAJO
Los investigadores Johnny Ruiz y Oscar Madrigal afirman que algunos empleadores aprovechan el alto porcentaje de migrantes desempleados, que existe en las comunidades fronterizas, para ofrecer salarios bajos.
Señalan que, en el caso de Upala, la falta de empleo ha generado competencia desleal entre trabajadores ticos y nicas quienes, con tal de conseguir trabajo, ofrecen sus servicios a cambio de bajas remuneraciones que los exponen a sufrir explotación.
A manera de ejemplo, Ruiz y Madrigal afirman que el año anterior algunos productores pagaron a sus peones 800 colones (unos 2 dólares) por cada bolsón de naranja recolectada (a cada una le caben 2,440 unidades) y 750 colones por cada tina (le caben alrededor de 2,000 frutas).
Señalan que, bajo esas condiciones, un peón debería llenar cuatro bolsones para poder ganarse el salario mínimo diario (3,136 colones a la fecha de la investigación, primer semestre del 2003), cosa que ambos consideraron difícil de alcanzar.
“Suponiendo nueve horas de trabajo y situándonos en el límite bajo de 9,000 naranjas, para obtener el sueldo mínimo esa persona tendría que recolectar una fruta cada cuatro segundos, lo que a todas luces resulta difícil de lograr”, aseguran.
Antonio Millán, vecino de Santa Cecilia, de Los Chiles, consideró que esta situación explica el por qué algunos padres de familia recurren a sus hijos, para que les ayuden a recoger las naranjas más rápido.
La presencia de los menores en las fincas es considerada como inaceptable por los investigadores, al recordar que Costa Rica es un abanderado de la erradicación del trabajo infantil.
LOS INTERMEDIARIOS
La investigación del Ministerio del Trabajo de Costa Rica indica que los intermediarios, según Migración, son los que más se benefician contratando a personas indocumentadas.
Menciona el caso de uno que habría obtenido un ingreso global de 4,8 millones de colones en 120 días de recolecta intensa, pues percibía alrededor de 84 colones por cada bolsón que recolectaran los 120 trabajadores que manejaba.
Ruiz y Vargas advierten que hay tal desorden en las contrataciones que algunos finqueros no saben cuánta gente está laborando en sus plantaciones y si está legalmente en el país.
Ellos descubrieron que los contratos entre productores e intermediarios son verbales y que, por lo tanto, no quedan especificadas las responsabilidades de unos y otros.
También detectaron que los intermediarios no exigen documentos de identidad a sus contratados y que tampoco los tienen asegurados.
Ante tales irregularidades, recomiendan identificar y abrir un registro de las personas físicas y jurídicas que participan en la intermediación laboral para obligarlos a respetar la ley.
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
Antonio Millán dice haber tenido experiencias amargas como trabajador migrante.
Explica que hace tres años llegó a laborar sin ningún tipo de garantías a una plantación de naranjas en este cantón fronterizo con Nicaragua.
“Me dijeron que ganaría 650 colones (menos de dos dólares) por cada bolsón lleno de fruta, pero después de siete horas de trabajo únicamente había completado dos”.
“Luego de hacer números llegué a la conclusión que para redondear el sueldo mínimo debía trabajar otras siete horas y entonces decidí buscar otro trabajo con un sueldito mejor”, recordó.
Millán, quien ahora coordina la Pastoral Social del Migrante en la comunidad de Santa Cecilia, de Los Chiles, asevera que si el Ministerio de Trabajo no ejerce controles efectivos en las fincas, el irrespeto de los derechos laborales nunca acabará.
Sostiene que muchos productores ni siquiera se preocupan por dar a sus obreros un alojamiento más o menos decente, pero tampoco esos obreros reclaman o se quejan por temor a que los despidan.
“La verdad es que prefieren sufrir en silencio”, agrega.
Un informe del Ministerio de Trabajo reveló que en la zona norte hay patronos que incumplen los derechos de los inmigrantes. Algunos recurren a intermediarios para obtener peones y evitar responsabilidades directas con ellos.
UN CASO DISTINTO
Pero otra es la realidad de Juan Meza, nacido en San Miguelito de Río San Juan, Nicaragua.
Él se considera bien tratado por su patrono, la empresa Ganadera Los Llanos, situada en el caserío El Corozo. “Sinceramente a mí me ha ido bien. El jefe me ayudó en los trámites para sacar la residencia”.
“Me pagan lo justo, pues he llegado a recibir hasta 1,200 colones por bolsón (tres dólares), tengo Seguro Social y me asignaron una casa en muy buen estado. Estoy mejor que en mí país”.
