EFE
WASHINGTON.- Dos tribunales estadounidenses dieron el jueves un importante golpe a la política del Gobierno del presidente George W. Bush, de negar derechos elementales a los denominados “combatientes ilegales” detenidos en relación con el terrorismo.
En San Francisco, una Corte de Apelaciones dictaminó que los detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) tienen derecho a la asistencia de un abogado y a acceder al sistema judicial de EE.UU.
Previamente, en Nueva York una instancia similar rechazó la consideración del estadounidense José Padilla, detenido en EE.UU. por su presunta relación con Al Qaeda, como “enemigo combatiente”.
Las decisiones, aplaudidas por grupos humanitarios, suponen un revés al Gobierno, que mantiene a unos 660 hombres presos sin cargos y sin derecho a asistencia letrada, con el argumento de que son “combatientes ilegales” y no prisioneros de guerra.
La mayoría están detenidos e incomunicados en la base naval estadounidense de Guantánamo, a donde llegaron desde Pakistán y Afganistán tras ser capturados por las tropas de EE.UU. por su presunta relación con los talibanes y la red terrorista Al Qaeda.
La decisión de la Corte de San Francisco se produjo en respuesta a la petición de un familiar de un prisionero de nacionalidad libia, de que se revise su caso, teniendo en cuenta que la detención indefinida es contraria a los principios judiciales de EEUU.
El juez Stephen Reinhardt argumentó que “incluso en momentos de emergencia nacional –de hecho, particularmente en esos momentos– el Poder Judicial tiene la obligación de preservar nuestros valores”.
La decisión se conoció poco después que una Corte Federal de Nueva York dictaminara que el Gobierno no tiene derecho a mantener preso en una instalación militar a José Padilla, estadounidense detenido en territorio de EE.UU., acusado de relación con Al Qaeda.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito argumentó que el Gobierno no tiene autoridad para detener a un estadounidense de origen puertorriqueño en su territorio bajo la consideración de “combatiente enemigo”.
Por ello, ordenó su liberación en un plazo de 30 días de la custodia militar bajo la que ha estado desde su detención, aunque deja libertad al Gobierno para transferirlo a una instancia civil y que ésta considere si debe presentar cargos en su contra.
El Gobierno estadounidense anunció a continuación que apelará la decisión del tribunal neoyorquino sobre Padilla, que está detenido desde su arresto en una base naval de Carolina del Sur.
