- Padrón Electoral del 2004 se estima en 3,319,438 de ciudadanos
María José Uriarte R. [email protected]
Roman, Times, serif»>
Cada voto costará nueve dólares, informa el CSE
 |
Padrón Electoral del 2004 se estima en 3,319,438 de ciudadanos |
María José Uriarte R.
[email protected]
Diversos sectores cuestionan además de la mala administración del Consejo Supremo Electoral (CSE), los altos costos de los procesos electorales; en este momento el valor del voto oscila en unos nueve dólares, lo que es considerado extremadamente alto con relación a otros países.
Para las elecciones municipales del próximo año, se solicitó un presupuesto de 330 millones de córdobas, pero la Asamblea Nacional sólo aprobó la asignación presupuestaria enviada por el Ministerio de Hacienda, que es de 220 millones de córdobas, los restantes 54 son destinados a los partidos políticos.
En todo momento, los magistrados del Poder Electoral defendieron ese presupuesto, y afirmaron que una cantidad inferior pondría en riesgo algunas garantías durante el proceso electoral, lo que fue desestimado por algunos políticos y diputados.
No obstante, los funcionarios del CSE se defienden aduciendo que los costos de los procesos electorales no los establecieron ellos, sino que están contenidos en la Ley Electoral, aprobada por los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional.
URGEN REFORMAS
En este momento, sectores de la sociedad civil, y el mismo Ejecutivo se pronuncian por impulsar una serie de reformas electorales, en las que incluyen cambios de carácter administrativo para reducir costos.
Un documento elaborado por funcionarios del CSE establece una relación entre los costos de las actividades programadas más relevantes en los procesos electorales y la ley vigente, con el que pretenden justificar los gastos a los que incurren durante los procesos electorales.
Entre los artículos que consideran de mayor incidencia dramática en el presupuesto electoral incluyen el artículo primero, que dicta que la Ley Electoral es de carácter constitucional y de obligatorio cumplimiento, y el 122, donde se establece que la Constitución Política de Nicaragua contiene el derecho al sufragio de todos los ciudadanos nicaragüenses.
JRV A TRES MIL DÓLARES CADA UNA
Además de la composición del Poder Electoral establecido por el CSE, Consejos Electorales Departamentales (CED), Consejos Electorales Regionales (CER), Consejos Electorales Municipales (CEM) y las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las que se calcula tienen un costo cada una de unos tres mil dólares.
Todo esto es parte, a criterio de los funcionarios electorales, de elementos que aumentan los costos y que no pueden ser obviados por estar establecidos en la Ley Electoral.
El estudio agrega que el artículo 23 dispone que el CSE debe abrir tantas JRV sean necesarias para garantizar la inscripción de un número no mayor de 400 votantes, dentro de las cuales deberá contar con al menos dos recintos de votación; si las condiciones del lugar lo permiten.
SE TIENEN QUE ABRIR MÁS JRV
Según los cálculos del CSE, durante las elecciones nacionales del 2001, el padrón electoral era de 2,997,228 inscritos; obligándoles el artículo 23 de la Ley Electoral a abrir un total de 9,502 JRV en 4,353 Centros de Votación.
Es por esta razón que supone, que como la unidad de costos de las elecciones es las JRV, la movilidad del padrón electoral, conlleva a que cada elección sea cada vez más cara.
COMICIOS DEL 2004
Para los comicios municipales del 2004, estiman un padrón electoral de 3,319,438 inscritos, por lo que tendrán que abrir 10,477 JRV en los mismos Centros de Votación establecidos y elevará los costos a un 10.26 por ciento más de lo que costaron las elecciones en el 2001.
Esto sin incluir que actualmente 34 organizaciones políticas cuentan con personería jurídica, legalmente reconocidas por el Poder Electoral.
Existe un consenso generalizado que la Ley Electoral debe reformarse el próximo año, para incidir en la reducción de gastos, la que estiman puede ser aprobada incluso antes del proceso electoral.
Los distintos sectores recuerdan a los partidos mayoritarios el compromiso de retomar la necesidad de reformas electorales y que se cumplan porque es una demanda de la población.
