Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Líderes sindicales de Estados Unidos quieren posponer otro intento de la administración Bush por ampliar el libre comercio, y esta vez creen que lo pueden lograr.
Están llevando su caso ante la opinión pública en un esfuerzo por hacer que una rápida aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, conocido como Cafta, sea políticamente arriesgado y vulnerable ante el Congreso.
No tienen otra opción. Sin la posibilidad de influenciar directamente en las negociaciones, a los líderes laborales sólo les queda mirar cómo los funcionarios comerciales de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras se reúnen aquí esta semana con sus contrapartes estadounidenses en lo que esperan sea la ronda final de conversaciones antes de firmar el acuerdo.
Cuando el presidente Bush levantó las tarifas arancelarias al acero importado, adoptadas con la intención de darle tiempo a la industria estadounidense a reorganizarse para enfrentar la competencia mundial, insistió en que “los trabajadores estadounidenses pueden competir con cualquiera en el mundo siempre y cuando tengan un campo de juego justo y equilibrado”. En los oídos de la fuerza sindical —particularmente en el contexto de acuerdos como Cafta— estas palabras tienen un timbre áspero.
Grupos como la central sindical AFL-CIO, la Oficina de Washington para América Latina y Human Rights Watch no ven posible un juego justo en las Américas. De hecho, insisten en que Cafta, como NAFTA anteriormente, hace muy poco para responder a las disparidades salariales y a leyes laborales de la región que, por “fundamentalmente defectuosas”, vuelven la competencia muy desigual.
La industria manufacturera en Estados Unidos está deteriorándose, y probablemente lo estará aún más a medida que el empleo se traslade a lugares donde los trabajadores ganan un poco más de un dólar la hora.
Si bien es cierto que en algunos países reconocen constitucionalmente los derechos de los trabajadores a organizarse sin discriminación, los defensores de los trabajadores afirman que enormes lagunas legales impiden que eso suceda en Centroamérica. Human Rights Watch informó la semana pasada que en El Salvador miembros de sindicatos enfrentan todo tipo de obstáculos, desde trámites “excesivamente complicados” para hacerse miembros, hasta discriminación antisindical en la contratación.
Funcionarios estadounidenses y salvadoreños afirman que, de hecho, al tratar de cumplir con Cafta, el Gobierno salvadoreño ha aumentado en un 20 por ciento los fondos destinados a hacer cumplir las leyes laborales y ampliar el número de inspectores en el lugar de trabajo. Aun así, una mejor aplicación de las leyes apenas logra elevar los estándares en una región donde las leyes laborales están muy por debajo de las normas internacionales, como aseguran los activistas laborales.
Líderes laborales también están molestos con informes de sus contrapartes en la región, en el sentido de que la administración Bush está gastando excesivamente en Centroamérica para vender a Cafta como una panacea para todos los involucrados.
“Si efectivamente es dinero de los contribuyentes estadounidenses el que está apoyando esta campaña, está yendo a apoyar una posición muy unilateral que no es necesariamente la opinión del público estadounidense”, dijo Stan A. Gacek, director asistente de asuntos internacionales de la AFL-CIO.
Un funcionario estadounidense, sin embargo, defendió el esfuerzo financiado a través de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, como una medida que contribuya a que los gobiernos centroamericanos hagan su propio acercamiento a la población. En realidad, dijo el funcionario, la sociedad civil debiera agradecer cualquier intento orientado a que los gobiernos de la región se abran cada vez más a la opinión y el disentimiento públicos.
Tanto la administración como los defensores laborales están luchando por ganar a cualquier precio. La administración necesita de Cafta para mantener vivo el proceso de integración hemisférica. Los líderes laborales y sus aliados ven en el bloqueo a Cafta su mejor posibilidad hasta ahora de detener lo que llaman “acuerdos comerciales irresponsables”.
Alguna forma de libre comercio va a llegar a Centroamérica, no hay duda. Y a pesar del creciente escepticismo popular en la región, expertos regionales siguen convencidos de que acuerdos de libre comercio son esenciales para ejercer presión constructiva en los gobiernos para que hagan las reformas necesarias y ayuden a sus industrias a hacerse más competitivas.
Si las tácticas dilatorias de los sindicalistas estadounidenses tienen éxito, les corresponde a ellos demostrar que su interés no era simplemente el proteger a trabajadores de este país, como proclaman los promotores del libre comercio. Es difícil imaginar que Cafta podría ser igualmente beneficioso para trabajadores aquí y allá. Pero también es difícil concebir cómo, al menos a corto plazo, los intereses de los trabajadores centroamericanos serán bien servidos por un acuerdo que no hace más que darle una palmada en la mano a los empleadores abusivos.
Un retraso inmediato sólo le negará a Centroamérica tanto los beneficios como los perjuicios del libre comercio. Sin un plan para mejorar el Cafta, los perjuicios continuarán. Claro que puede haber maniobras para proteger a los trabajadores. Pero también es evidente que en vista de la decisión de revertir las tarifas al acero, incluso los regalos a la fuerza laboral pueden desaparecer.
