- Esa medida constituiría un irrespeto a la Constitución, advierte
Consuelo Sandoval [email protected]
La ex presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, catalogó ayer de “golpe de Estado técnico al pueblo”, una posible reforma constitucional que fusione los comicios municipales con las presidenciales, porque eliminaría la posibilidad de dar oportunidad a la ciudadanía para elegir a nuevas autoridades.
“Para mí sería un golpe de estado técnico contra el pueblo nicaragüense y sería irrespetar la Constitución Política y las leyes de la República que establecen claramente que fueron electos alcaldes y concejales por un período de cuatro años, entonces, le estaría negando el derecho a otras organizaciones políticas y a otros ciudadanos de tener otras autoridades”, advirtió Zelaya, víctima del pacto libero-sandinista ejecutado el año 2000, cuando se aprobó una enmienda constitucional que recortó su período para el que fue electa como titular del CSE.
Zelaya fustigó a los legisladores por proponer en representación de sus electores, una enmienda constitucional para extender el mandato de las actuales autoridades edilicias.
“Precisamente como son representantes del pueblo, son los primeros llamados a respetar la voluntad popular. Si sus representantes están yéndose en contra de lo que el pueblo votó, entonces, no están siendo verdaderos representantes del pueblo y que aprueben leyes no significa que van a ir en contra de la voluntad popular y hacer lo contrario es violentar la Constitución y por eso es que significaría un golpe de estado”, cuestionó.
Advirtió que esas enmiendas constitucionales, pretextando razones económicas, sentarían un pésimo precedente, advirtiendo que también el presidente Enrique Bolaños podría alegar que no hay dinero para realizar las elecciones presidenciales y de diputados y que por tal motivo, pudiese decidir extender su período si es posible hasta el año 5000.
Supone que una propuesta de ampliación del período presidencial no corresponde aprobarla al mandatario, no obstante, argumentó que pudiese ser apoyada por los legisladores, considerando que también serían beneficiados porque permanecerían más tiempo en sus escaños.
Zelaya criticó a los magistrados del CSE por los excesivos costos electorales, y que según dijo, debieron reducirse desde 1999 cuando se concluyó la etapa masiva del proceso de cedulación ciudadana.
La ex titular del CSE, rechazó que los diputados promuevan una Asamblea Constituyente que pretenda un recorte del período presidencial de Bolaños, argumentando que implicaría cambiar totalmente la Constitución que constituye el soporte del Estado de Derecho.
