- Jueces comunales introducen acusación ante Comisión Disciplinaria de la CSJ contra jueces judiciales
- Les señalan supuestos actos
de corrupción, vínculos con el narcotráfico y falta de justicia ante crímenes atroces
Moisés Martínez [email protected]
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Denuncian a jueces de Puerto Cabezas
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Jueces comunales introducen acusación ante Comisión Disciplinaria de la CSJ contra jueces judiciales |
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Les señalan supuestos actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y falta de justicia ante crímenes atroces |
Moisés Martínez
[email protected]
Retardación de justicia, impunidad ante crímenes atroces, parcialización a favor de supuestos narcotraficantes o delincuentes, resoluciones violatorias de los derechos humanos y corrupción, son algunas de las acusaciones que contiene en resumen la queja presentada ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de varios representantes de este Poder del Estado en Puerto Cabezas.
La denuncia fue presentada por el presidente y vicepresidente de la Asociación de Jueces de barrios y comunidades del municipio de Puerto Cabezas, Saberío Pantin Stony y Manuel Flores, respectivamente.
La queja está dirigida principalmente contra la Juez de Distrito Sara María Espinosa Hooker y el Juez Local Único de Puerto Cabezas, Silvio Pichardo Hernández, a los cuales exigen se les destituya de sus cargos.
No obstante, en la queja presentada en la Corte, también piden la destitución de los secretarios Nancy Rossman, Pablo Manzanares y Nicole Patterson, así como la suspensión de los abogados Rigoberto González Garbach, José Isabel Salgado y Nubia Hammer Taylor.
LA PRENSA intentó comunicarse con los señalados, pero fue imposible localizarlos.
TAMBIÉN AL TRIBUNAL DE APELACIONES
Los denunciantes exigen a la Comisión Disciplinaria que se determina la no reelección de los actuales magistrados del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Junto a la queja formal, los jueces comunales también presentaron una carta respaldada con más de cinco mil firmas de pobladores de Puerto Cabezas expresando su completo apoyo a la iniciativa de los jueces comunales.
Debido a toda esta situación, los denunciantes señalan a la Comisión Disciplinaria que remitan al departamento de Inspectoría Judicial para que revisen la situación y determine los cambios que sean necesarios para sacar al Poder Judicial de la grave crisis en la cual se encuentra.
EXPULSIÓN DE ANCIANA MOTIVÓ PROTESTA
De acuerdo a la denuncia, la gota que derramó el vaso, provocando la denuncia ante al Corte Suprema de Justicia, fue el caso de la señora Yolanda Elodia Irías, quien fue de “manera arbitraria, dolosa y mal intencionada producto de un mal juicio, fue despojada de su vivienda, cuando en ese momento sólo se encontraban sus cuatro hijos menores de edad y la abuela de éstos, los cuales fueron expulsados del inmueble, dado que Irías se encuentra guardando prisión injustamente”, cita la queja presentada.
La denuncia añade que la crisis del sistema judicial en la zona de la RAAN, se agrava con la falta de recursos operativos y administrativos de la Policía de la zona, sumados éstos a los problemas de corrupción que aquejan a esta institución.
“La realidad ha demostrado con algunos oficiales y suboficiales se han visto involucrado en la actividad de la droga y esto ha resultado la protección a expendedores de drogas en la sociedad, así como otras actividades ilícitas cometidas por los traficantes de drogas”, señala la denuncia.
OTROS CASOS
Además del caso de la señora Yolanda Elodia Irías, la denuncia detalla otros casos en los que supuestamente ha quedado evidenciado las irregularidades en el sistema judicial de la RAAN, los cuales son:
El asesinato de los jóvenes Kika Carrasco y Francisco Meza, aún sin esclarecer. El asesinato del taxista Netan Bushey, también sin esclarecer. Asesinato de Juan Herrera, en igual situación. La liberación constante de traficantes de drogas.
Además, la fuga de los narcotraficantes colombianos, los cuales escaparon vestidos de policías y portando documentos legales. El desalojo ilegal aún con una sentencia a favor del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa de inmueble ubicado en el barrio La Libertad, propiedad del señor Miriam Webster.
La liberación del reo Rigoberto González Garbach, abogado y notario público, quien supuestamente atacó sexualmente a una jovencita mientras fungía como juez en Siuna. El fallo favorable para Víctor Peralta, quien supuestamente estaba involucrado en actividades ilícitas desde su empresa de nombre Codesa.
PARAÍSO DEL CRIMEN
Según el escrito introducido por los jueces comunales ante la CSJ, dado a la complicidad de las autoridades judiciales mencionadas, la zona de Puerto Cabezas se ha convertido en un paraíso para el crimen contra las personas, el soborno, el tráfico de drogas y la prostitución infantil entre, otros delitos.
