- Ex presidente de la Cementera, Guillermo Ramírez Cuadra, reclama 2.8 millones de córdobas en concepto de “liquidación final por salario retenido”, a la Cornap
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El ex presidente de la Cementera, Guillermo Ramírez Cuadra, demandó laboralmente al presidente de la Corporaciones Nacional del Sector Público, Chéster Noguera, reclamando 2.8 millones de córdobas en concepto de “liquidación final por salario retenido, pese a que él recibió como liquidación final 595,704 córdobas, de los cuales 406,404 correspondían a indemnización.
La demanda está radicada en el Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de Managua, según constató LA PRENSA.
De acuerdo con el desglose que hace Ramírez en su demanda, él reclama un mes de salario retenido por sanción administrativa de la Contraloría (C$106,750); la sanción establecida en el artículo 86 del Código del Trabajo por 132 semanas de salario a partir de la liquidación (C$1,409,100); el pago de vacaciones retenidas indebidamente (C$94,550) y la sanción establecida en el artículo 86 del Código del Trabajo por 132 semanas a partir de la liquidación (C$1,248,060).
En total demanda C$2,858,468 córdobas, más una tercera parte de dicha suma (C$952,822) “para responder por los gastos y costas legales… en el presente juicio, más el deslizamiento y los intereses legales mensuales sobre el principal hasta la fecha de su cancelación”, dice textualmente la demanda presentada por Ramírez.
La demanda de Ramírez está fundamentada en el hecho de que el también ex presidente de la Cementera, Gabriel Levy, tras ser liquidado de la empresa, recibió como indemnización 96,700 dólares y luego devolvió el dinero a la Compañía Nacional Cementera.
La Contraloría General de la República (CGR), ordenó sancionar administrativamente a Ramírez en diciembre del 2000 por haber sido él y Randolfo Zeledón Altamirano, quienes autorizaron la jugosa indemnización que se recetó Levy.
Tras el escándalo en los medios de comunicación, Levy devolvió el dinero a la Cementera, también introdujo un recurso de amparo que fue admitido en el Tribunal de Apelaciones y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en febrero de 2003, dio lugar al amparo, estableciendo la relación laboral y la licitud del pago de las prestaciones laborales de Levy.
En su escrito Ramírez cuestiona la resolución de la Contraloría, la que está firme, y dice que la entidad fiscalizadora se extralimitó en sus funciones porque la materia laboral no es de competencia de la entidad fiscalizadora.
“Ha existido desde el momento de mi liquidación, el día 15 de enero de 2001, una retención ilícita de mi salario”.
Por su parte la abogada de Noguera, Celia Lilliam Morales, rechazó en un escrito presentado en el juzgado laboral, los argumentos de Ramírez y señala que las actuaciones de la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento se dieron en cumplimiento a una resolución de la Contraloría que está firme, misma que fue recurrida de amparo por Ramírez, pero ésta fue rechazada por haberse presentado de manera extemporánea.
Le recuerda que las deducciones se le hicieron tenían que ver con la devolución de 15 días de kilometraje, la sanción administrativa de la CGR, y un adelanto de vacaciones que había recibido.
