María José Uriarte R. [email protected]
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Bolaños aún no decide sobre veto
María José Uriarte R.
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El presidente Enrique Bolaños al parecer aún no decide si vetará o no la Ley de Regulación Salarial dictaminada por la Asamblea Nacional y que podría ser aprobada en los próximos días, según declaraciones brindadas, ayer, por el gobernante.
“Si se veta significa vetar el Presupuesto, vetar el Presupuesto significa que no hay HIPC, que no hay HIPC significa que el Presupuesto en vez de ser de 15 mil millones (de córdobas), va a ser de 10 mil, pero como no hay perdón de la deuda, de esos 10 mil hay que coger tres mil para pagar las cuotas de la deuda, entonces queda de siete mil, ¿qué quieren, 7 mil ó 15 mil?”, preguntó Bolaños al referirse a los riesgos que correría el país si se vetara la legislación.
Bolaños, quien advirtió que no ha analizado el proyecto ya dictaminado por el Legislativo, cuestionó sin embargo los niveles de reducción salarial que ahí se proponen.
Advirtió igualmente que una reducción de salarios mayor al 10 por ciento propuesto por el Ejecutivo, podría generar la renuncia de algunos importantes funcionarios.
“No se le puede pedir a los ministros que trabajan 12, 14 ó 15 horas diarias y son profesionales, y que no es que llegan a la Asamblea, están un rato y hay días que no llegan, que tienen días de descanso, pero que no hay sesiones; nosotros (los funcionarios del Gobierno) trabajamos los sábados, los domingos, hasta tarde.. ya se están comenzando a ir, ya se han ido varios, si no ganan lo que es no se puede…..”, dijo Bolaños.
Por su parte, el directivo del organismo cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney, señaló que el Ejecutivo no debe vetar la Ley de Regulación Salarial sólo porque considere la reducción salarial propuesta en el dictamen de ley excesiva o poco práctica, y que su único papel es limitarse a buscar el consenso con el Poder Legislativo para aprobar una ley que no de “tentaciones” de vetarla.
Courtney es del criterio que si el presidente Bolaños veta esa ley se traducirá no sólo en un desgaste político, sino que se afectaría la confianza ciudadana, la credibilidad y autoridad moral obtenida por el Gobierno en la lucha contra la corrupción.
