José Adán Silva [email protected]
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SEGUNDA DE CUATRO ENTREGAS
Hasta que terminó la guerra civil, en 1990, salió a luz pública la tragedia de una comunidad campesina que vio nacer a sus hijos deformes y morir a sus familiares con los hígados destruidos, los riñones secos, los pulmones atrofiados y la piel plagada de llagas que nunca sanaban. Fue el inicio del fin para muchos que murieron, y otros que están al borde de la tumba, sin conocer cuándo se les secó la fuente de la procreación.
Chinandega fue por muchos años un emporio agrícola del país. De este caliente departamento, cuyas temperaturas en verano alcanzan los 40 grados, salían para la exportación diversos productos agrícolas como la caña de azúcar, el algodón y el banano, entre otros, que hicieron de esta zona una de las más prósperas del país. Con el “boom” de la producción agrícola vino una oleada de químicos para combatir las plagas.
Al final de la guerra de insurrección en 1979 y durante el conflicto bélico de los años ochenta, cuando las transnacionales huyeron del país, los grandes productores fueron confiscados y un alicate comercial impuesto por Estados Unidos ahogaba al país, comenzó a tejerse una fantástica historia de fenómenos humanos que nacía entre los obreros de las bananeras.
Se decía que las mujeres ya no podían concebir y que las que lograban quedar embarazadas abortaban con frecuencia; que si el embarazo llegaba a su culminación el bebé nacía con problemas respiratorios, con la piel quemada o con escamas, con epilepsia y manchas raras y, en los casos más graves, con malformaciones congénitas monstruosas: bebés con dos cabezas, con un solo ojo, con varias orejas, órganos por fuera y un sinnúmero más de anormalidades.
“Nadie sabía dónde estaba el mal. Aquello parecía una maldición de Dios”, cuenta doña Flor de María Mendoza, una ex obrera de las plantaciones de banano, obesa mujer de 47 años que parió a Ana María Romero, una niña parapléjica que hoy tiene 15, que confinada en su silla de ruedas y su mutismo, parece de ocho años.
TIERRA ENVENENADA
Un documento titulado Estudio de la contaminación por plaguicidas en el acuífero y suelos de la región León Chinandega, realizado por el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, de la Universidad Nacional Autónoma en 1999, señala que en esta región se usaron tantos plaguicidas que en uno de cada ocho pozos en que se tomaron muestras, encontraron químicos organoclorados (compuestos con alto nivel de cloro) y grandes concentraciones de toxafeno, DDT y DDE (sustancias venenosas prohibidas a nivel mundial por su alta toxicidad).
Otro estudio realizado por la misma universidad en noviembre de 1997, titulado Plaguicidas organoclorados en sangre de madres del departamento de Chinandega, revela que en el 99 por ciento de 154 madres parturientas que se investigaron en el Hospital Mauricio Abdalah y dos centros de salud rurales de Chinandega, se detectaron altas concentraciones de DDT y DDE (siglas de plaguicidas) en la leche materna, grasa abdominal y sangre, venosa y cordón umbilical. En el estudio no se encontraron restos de Nemagón.
AGONÍA
Carlos Alberto Rodríguez agoniza en una casona del barrio Roberto González, en las periferias de Chinandega. De vida, sólo tiene los ojos macilentos que ven fijamente al techo de zinc oxidado y un leve quejido que permanece siempre consigo.
Tiene 54 años y padece de cáncer en los pulmones y la próstata; ha sufrido varios derrames cerebrales, perdió un riñón y el otro está dañado. Trabajó de 1972 a 1980 regando veneno en las bananeras El Hular, Santa Teresa, María Elsa y otras.
Ahora es un cuerpo famélico que se mantiene inerte en un oscuro cuarto de una casa de adobe, silenciosa y con olor de humedad, donde no hay más muebles que una mesa con dos silletas plásticas y la cama donde él yace esperando la muerte, bajo el cuido amoroso de Daysi Membreño, su esposa, quien saca las dos silletas plásticas y las acomoda en el largo patio de la casa, bajo un bajareque ahumado, para contar detalles de la vida de su marido.
—¿Desde cuándo está así Carlos Alberto?
—¿Enfermo o tirado? Es que él se enfermó hace años, unos ocho más o menos.
—¿Y de estar en cama?
—Ah, ¿agonizando? Lleva ya como cinco meses, pero ahora sí está peor, yo sé que Diosito se lo va a llevar a descansar, dice Daysi, mujer de 47 años, morena de manos ásperas en las que sostiene una fotografía de cuando su marido era un mozo de hacienda. La queda viendo y sonríe con nostalgia. “Era flaco, pero fuerte y bien guapo”, dice ella sin levantar la vista de la foto blanco y negro donde Carlos aparece a la orilla de un tractor.
—¿Y no tuvo hijos señora?
—Como no, salí embarazada varias veces pero se me caían los chavalos. Hasta que al fin tuve a la Sara. Fue la única que logramos, porque después mi Carlos ya no podía preñar.
—¿Y ella dónde está?
—Me la cuida una hermana, es que la muchacha me salió enferma. Se levanta y va rumbo al cuarto oscuro que se la traga tras un biombo de plástico negro. Se escucha que dentro está hurgando en papeles, y al rato regresa con un fólder de documentos. Selecciona uno y ordena:
Lea esto.
Es un dictamen médico. Nombre: Sara Dilia Rodríguez. Edad: 23 años. Estado: retraso sicomotor severo, no habla, no oye, no camina, no ve. Discapacidad total. Recomendaciones: cuido especial.
Es que la parí en las bananeras, en la finca Elsa María, se excusa.
FUEGO EN LA PIEL
En una vieja silla metálica sin forro, yace un cuerpo deforme con los brazos enrollados sobre los hierros pelados y el dedo gordo de un pie metido en la boca. El costillal se repinta en la piel oscura de un cuerpo desnudo que se mueve con lentitud para cambiar de posición.
Está mojado, tiene que pasar así muchas horas al día para estar cómodo. Y ríe sin razón. “Es que aunque tenga 15 sigue siendo un niño, mi hijo nunca creció”, dice Migdonia Verónica Narváez, madre de Eliécer Antonio González, un joven deforme que tiene que pasar varias horas bajo un chorro de agua para estar tranquilo. “Es que parece que tiene fuego en la piel el chavalo ¡Viera usted qué extraño!”.
La misma historia: sus padres fueron trabajadores de haciendas bananeras, y ella misma creció ayudando a sus padres en labores domésticas en la colonia que estaba al otro lado de la hacienda Mercedes.
“Mis papás vivían ahí cerca, y yo iba a veces a hacerles mandados y darles razones. Algunas veces me quedaba jugando por ahí y me iba a cortar naranjas en la parte donde estaban los ranchos ”, recuerda Migdonia, mientras lava ropa en el lavandero de concreto.
“Es que esto era bien lindo antes. Usted se metía por ahí (señala un camino montoso) y salía al río. Ahí había de toda fruta y por eso nos gustaba ir a hacer mandados a la finca, porque al regreso nos pasábamos quedando por ahí. Ahora ya no existe nada, está seco todo eso”, comenta sin dar la vista, viendo la espuma sobre la ropa que restriega sin cesar.
SUEÑOS DE SUPERACIÓN
La imagen torcida de Eliécer no es única en el sector. A unas cuadras de ahí vive Roberto Francisco Peralta Gutiérrez, o “Robertito” como le dicen con cariño en la comarca. Tiene 11 años, una mente ágil y mucho humor.
—¿Qué querés ser cuando seas grande?
Diputado, abogado e ingeniero, contesta rápidamente. Diputado para tener plata sin hacer nada, abogado para defender a sus amigos, e ingeniero para construirle casas a sus familiares y a los más pobres, explica.
Nació con una deformación degenerativa en los huesos, lo que provoca que conforme van creciendo, se van enrollando y saliéndose de sus cuencas. “Robertito” está confinado en una silla de ruedas que le regalaron por ser buen alumno de la escuela José Dolores Toruño, en Posoltega.
Ya está en segundo grado y con mucho orgullo confiesa que sabe sumar y restar, y está aprendiendo a leer y escribir. En sus ratos libres pasa hablando y jugando con “La Turri”, una lorita que lo remeda cuando tose, silba y canta.
“A ver Turri, llamame”, le dice él, y la lora bien amaestrada comienza con voz chillona a mencionar algo parecido a la palabra Roberto, el niño cuyos padres convivieron durante más de quince años con los químicos que regaban en las plantaciones bananeras.
LA OTRA TRAGEDIA
En 1997 la compañía Dow Chemical entregó 22 millones de dólares a unos abogados americanos contactados por el hoy diputado Marcelino García, para repartirse entre 812 ex bananeros nicaragüenses afectados por el uso de los químicos. En la distribución, a los obreros se les entregó apenas 143,300 dólares entre todos. La mayor parte del dinero (21.8 millones de dólares) quedó en el bufete de abogados.
Un muestreo realizado en 1998 por un bufete de abogados que inició los juicios contra las compañías norteamericanas, reveló que de 500 ex trabajadoras de las bananeras que se sometieron a exámenes médicos, 169 de ellas padecían de diferentes tipos de cáncer.
Lo admisible, según la Organización Mundial de la Salud, es una mujer con cáncer por cada cien. Los abogados de las transnacionales rechazan los resultados y alegan falsificación de los reportes médicos.