Consuelo Sandoval [email protected]
Más de medio millón de córdobas mensuales consumen cincuenta asesores externos contratados por la Asamblea Nacional, devengando salarios entre seis mil y los 37 mil córdobas.
Una fuente legislativa dijo que muchos de estos funcionarios son supernumerarios y supone que los integraron a la planilla legislativa por favores políticos, pero ocasionan un gasto mensual de 550,899 córdobas.
El informante aseguró que los asesores externos casi nunca llegan a la Asamblea Nacional, excepto los días en que retiran sus cheques.
El primer secretario de la Asamblea, Miguel López, dijo que según el artículo 28 del Estatuto parlamentario corresponde al presidente dirigir y garantizar el buen funcionamiento del Poder Legislativo, en lo administrativo, o sea que él es quien contrata al personal.
Existe un acuerdo interno de financiar a las bancadas mayoritarias el pago de dos asesores, un conductor y una secretaria; y a las minoritarias un asesor, una secretaria y un conductor; pero la bancada de Camino Cristiano, integrada por cuatro diputados, cuenta con un personal de trece empleados que consumen 84,500 córdobas mensuales.
“Pareciera ser que hubo acuerdos fuera de lo establecido por la junta directiva y tenemos que establecer qué pasa con estos asesores que dicen pertenecer a una bancada determinada, porque no es parte del acuerdo directivo”, expresó López, refiriéndose a la bancada de Camino Cristiano.
Negó que la bancada Azul y Blanco, a la que él pertenece, haya contratado al diputado suplente Mariano Suárez, conocido como “el voto 47” porque su integración al plenario permitió el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán el año pasado.
El diputado liberal Wilfredo Navarro criticó el aparente incremento en la contratación de asesores en el Parlamento y atribuyó el déficit presupuestario de 20 millones de córdobas a esos favores políticos.
El segundo secretario del Parlamento, Edwin Castro, dijo desconocer que se hayan elevado los gastos por contratación de personal externo.
Miguel López propuso que la directiva legislativa “rescinda de los contratos de estas personas porque se supone que hay un fondo de cada bancada legislativa, a través del cual se debe pagar lo que corresponde al gasto de su funcionamiento”.
