- Aducen que multas impuestas por Juan José Úbeda son inconstitucionales y hasta pedirán investigación a la Fiscalía
Ary Neil Pantoja [email protected]
Miembros de varias cooperativas de taxis capitalinas introdujeron ayer un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en contra de las multas impuestas por el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) y hasta anunciaron con introducir una denuncia ante el Ministerio Público para que la Fiscalía General de la República investigue supuestas irregularidades en la mencionada institución.
Miembros de las cooperativas de taxis Daniel Ortega Cerna, Lorenzo Guerrero y 19 de Julio, se presentaron a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para entregar el escrito en el que piden se declare inconstitucional las multas impuestas por Juan José Úbeda, en su calidad de director del Irtramma.
Las multas señaladas van desde 100 hasta 250 córdobas y el Irtramma las impone a aquellos conductores de taxis por diferentes causas, entre ellas, irrespetar la exclusividad de la carrera en el horario establecido; prestar el servicio en sandalias, short (pantalones cortos), en el caso de los varones, conducir con chapas o aretes, pelo largo o con cola de caballo, según explicó Sergio Hernández Bojorge, de la Cooperativa Daniel Ortega Cerna.
“En el recurso de inconstitucionalidad estamos pidiendo que se eliminen las multas indebidas que no están en las leyes, así como la suspensión definitiva de los decomisos de vehículos”, dijo Hernández.
IRTRAMMA NO TIENE FACULTADES
Hernández dijo que el director del Irtramma no está facultado por ninguna ley para establecer este tipo de multas y que por lo tanto, la medida “tomada unilateralmente”, es inconstitucional.
Agregó que también piden al Poder Judicial que, en base a la ley, ordene al Irtramma, suspender el decomiso de los vehículos cuando el conductor no acata las nuevas medidas.
Según Hernández, también introdujeron un recurso administrativo ante la Alcaldía de Managua y ante la Policía Nacional, bajo el argumento de que sólo esta última institución es la facultada para retener y registrar un vehículo, y en caso de decomiso, debe hacerlo con orden judicial.
Hernández dijo que en el caso de los decomisos es donde solicitarán la intervención de la Fiscalía a través de una denuncia. “En los corralillos del Irtramma hay entre 100 y 150 taxis que fueron confiscados por esta institución”, dijo.
