María José Uriarte R. [email protected]
El magistrado Roberto Rivas, del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuestionó la creación de una junta administradora y financiera en ese Poder del Estado, que tendría entre otras funciones la elaboración del Presupuesto anual del CSE, las normas para elaborar y adquirir material electoral y la contratación de los servicios indispensables para la buena marcha de los procesos electorales.
Está iniciativa está incluida en la propuesta de reformas a la Ley Electoral presentada por el Partido Conservador. La junta sería integrada por un representante de la Contraloría, un delegado del Ministerio de Hacienda y uno del CSE.
Rivas señala que la creación de la junta administradora en cierta forma es injerencista e incompatible con los principios constitucionales de mantener la independencia de los poderes del Estado.
“El que elaboró la propuesta debería leer la Constitución Política de Nicaragua, donde dice que el Estado de Nicaragua lo componen cuatro poderes que deben coordinarse armónicamente entre sí; ésta sería una injerencia totalmente abierta del Ejecutivo, sería una injerencia de la Contraloría que le corresponde ya de por sí ejercer el control de los usos de los recursos del Estado”, argumentó el magistrado Rivas.
Destacó que la elaboración del presupuesto anual del CSE, es una actividad propia del Poder Electoral, mediante votación calificada, que debe ser aprobada por el pleno del CSE; o al menos por cinco de los siete votos de los magistrados propietarios.
“Al final que te sirve que tenga que ser así, cuando el Ministerio de Hacienda introduce a la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto que a él se le ocurre, sin tomar en cuenta lo que el Poder de Estado independiente le ha enviado”, observó Rivas.
En cuanto a las normas de adquisición de material electoral, precisó que al parecer también obviaron la existencia de la Ley de Contrataciones del Estado, la que establece los mecanismos para adquirir un bien, sobre todo en materia electoral.
UNA OPCIóN EMPRESARIAL
El magistrado Rivas considera conveniente retomar una de las tendencias que se utiliza en procesos electorales en países de América Latina para abaratar costos, como es la subcontratación de empresas especializadas en el empaque y distribución de materiales como la valija auxiliar.
Pone como ejemplo, los recientes comicios en Colombia, donde una empresa privada se encargó de elaborar la valija electoral, además de trasladarla a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), también asumieron la tarea de hacer la transmisión de los resultados vía telefónica o por radio, digitalizando a su vez las actas de escrutinio del proceso electoral.
“Básicamente tanto la Registraduría Civil en Colombia, como el Colegio Electoral estaban sencillamente esperando nada más que les remitieran los resultados estas compañías y ellos no se molestaron absolutamente en nada”, explicó el presidente del CSE.
Considera que en Nicaragua existen condiciones para implementar este sistema, pero no descarta entrar en un ligero conflicto con la Ley de Contrataciones del Estado al requerir que no sólo compañías nacionales participen sino también compañías internacionales que tengan experiencia en esta materia.
Estima que la subcontratación de este tipo de empresas puede generar confianza si lo hace una compañía debidamente certificada, donde los partidos políticos con seriedad pongan un fiscal y no una fuerza de choque que vaya a impedir el trabajo que se hace.
