Eveling Martínez
“Errar es humano; perseverar en los errores es diabólico.”
San Agustín
Las protestas de los estudiantes, que comenzaron desde 1992 por el cumplimiento del 6 por ciento constitucional para la educación superior de servicio público, han dejado una gran cantidad de heridos, entre policías y pobladores, pero sobre todo universitarios muertos por parte de los antimotines.
En la de 1992 mataron a los estudiantes Jerónimo Urbina y Porfirio Ramos. En 1995 hubo una gran cantidad de estudiantes gravemente heridos, la población aledaña de la Asamblea Nacional también fue agredida y mataron al trabajador de la UNA, Ernesto Ramos. En la de 1997 fue empujado con violencia, pateado y culateado en la nuca el doctor Adrián Meza, rector de la Uponic y agredido en el suelo junto con su señora por el antimotín Ricardo Bonilla (nada menos que hermano de uno que fue integrante de la tenebrosa Oficina de Seguridad Nacional –OSN– de la dictadura somocista) y también atacaron a los estudiantes quienes estaban totalmente desprotegidos, casi desnudos, recibiendo balas de caucho, bombas lacrimógenas y paralizantes dentro de los recintos universitarios.
En la de 1999 fue blanqueado el estudiante de Derecho de la UNAN, Roberto González, frente a la Biblioteca del Banco Central, por una bala de goma disparada por uno de los antimotines a corta distancia al interesarle el corazón y los pulmones. En la de 2002 lo que vimos fue que los estudiantes estaban preparados con morteros para repeler a los anti-motines y algunos anduvieron máscaras anti-gases para neutralizarse de las bombas lacrimógenas, dando como resultado cuatro policías y varios estudiantes heridos. Debido a esto, el ministro de Gobernación, señor Arturo Harding y la Policía Nacional, pretendieron acusar criminalmente a los estudiantes.
En la protesta del 2002 se garantizaron en el Presupuesto del 2003 los 721 millones de córdobas para la educación superior de servicio público gracias a la firme y valiente protesta de los estudiantes, del papel beligerante del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del voto de los diputados de las bancadas FSLN, Azul y Blanco, Camino Cristiano y unos cuantos del PLC.
En esta protesta del 2003, que se repite con más organización por parte de los estudiantes y, como hemos podido ver, han estado más preparados para repeler a los antimotines. ¿Por qué? Porque nuevamente el gobierno no recurre al diálogo, sino a la violencia, usando a la Policía Nacional como su brazo armado, dando como resultado una gran cantidad de estudiantes detenidos, policías y estudiantes heridos, la población afectada por las bombas lacrimógenas y hasta viviendas quemadas.
Ahora, el ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo y la Policía Nacional, están acusando criminalmente a los estudiantes. ¡Cuánta desfachatez!
A los que debieran acusar criminalmente es a los antimotines responsables de la muerte de los estudiantes antes mencionados, quienes el único crimen que cometieron fue reclamar un derecho constitucional. Y por este “crimen” acusan nuevamente a los estudiantes participantes de esta protesta.
Tal parece que este derecho ganado por las universidades se está convirtiendo en un sueño inalcanzable por el que tienen que luchar cada año exponiendo hasta su vida los estudiantes universitarios.
¿Hasta cuándo este gobierno insensible, devengando megasalarios, va a entender que la única manera de evitar estas protestas es simplemente reconociendo el derecho de las universidades públicas al 6 por ciento del Presupuesto de la República?
¿Hasta cuándo, señores del gobierno, hasta cuándo?
La autora es actriz y cantante.
