- Tanto la Red de Defensa al Consumidor como la Organización Panamericana de la Salud ven en la privatización del recurso hídrico un riesgo para la población más desposeída. El gobierno, sin embargo, ve en la propuesta de Ley del Agua un instrumento para regular el uso del vital líquido
Moisés Martínez yBenjamín Blanco [email protected]
Ruth Selma Herrera, directora de la Red Nacional de Defensa al Consumidor, asegura que la propuesta del Mific esconde entre líneas la privatización de los recursos hídricos.
Agregó que la estructura jurídica de la propuesta del Mific encubre con un lenguaje administrativista e institucional la privatización del agua, ya que ésta prioriza los mecanismos para otorgar concesiones para el manejo para los recursos hídricos.
“Nosotros decimos que debe haber inversión en recursos hídricos pero exclusivamente de nacionales ya que consideramos que los nacionales van a administrar mejor los recursos hídricos y que se restringa la participación de los extranjeros en un 40 por ciento”, añadió Herrera.
PRIVATIZACIóN NO ES VIABLE
El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que en el mundo hay experiencias buenas y malas sobre la privatización del agua.
“Con los niveles de pobreza que tiene el país, una privatización de un medio tan vital como el agua es seguramente una medida muy seria que tiene que obligar a los legisladores y a los responsables a tomar todas las providencias del caso para evitar que esta medida repercuta negativamente en el sector de la población más desposeída”, opinó Rojas.
NO HAY PRIVATIZACIÓN
Carolina Ruiz, directora de Medio Ambiente de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), considera que existe una confusión en lo referido a una privatización del agua, ya que no se puede privatizar un recurso hídrico.
Agregó que la propuesta del Mific lo que maneja es la entrega de concesiones para el manejo del servicio de agua potable.
“La fuente de agua no la puede privatizar, lo que se está estableciendo son concesiones del servicio. Eso es aparte. Si vos querés regular las concesiones de prestar el servicio, eso es otra cosa. La ley sólo regula el uso, no te está regulando como va a privatizarse el sector agua potable y saneamiento”, aclaró Ruiz.
“Eso es la confusión. La gente dice que cuando vas a privatizar el servicio de agua, es que vas privatizar una fuente y no es así. Privatizas el servicio, porque Enacal no te cobra por el valor del agua, sino por llevártela a tu hogar y eso es lo que se menciona como que se debería privatizar porque las instituciones del Estado no son muy ineficientes, pero eso es desligado de las funciones que tiene la Ley del Agua”, finalizó Ruiz.
DESCALIFICA AL MIFIC
Sin embargo Herrera, dirigente de la sociedad civil, cree que uno de los aspectos de mayor preocupación es que la regulación en el manejo de los recursos hídricos será encabezada por el Mific.
“Pretenden concentrar en un Ministerio que se ha caracterizado por su ineficiencia, las competencias y regulaciones que tienen que ver con el manejo de las aguas”, indicó Herrera.
“El Mific no ha tenido capacidad de administrar la Ley de Defensa a los Consumidores, cómo va a dárseles entonces la dirección del manejo del agua, por lo que ésta es una pretensión del Mific con la que vamos a discrepar radicalmente”, agregó.
Para enfrentar este punto en particular, la propuesta de la Red establece la creación de un ente autónomo del gobierno que se llamará Instituto Nicaragüense del Agua (INA), el que concentraría todas las funciones de manejo y regulación de los recursos hídricos.
INA, UN NUEVO ENTE
El INA estaría conformado por un consejo conformado por representantes de distintas instituciones gubernamentales como el Marena, Mag-For, Mific, Minsa, MECD, movimientos ambientalistas, organismos de defensa de los consumidores e instituciones especializadas de las universidades como el Centro de Investigación de los Recursos Acuáticos (Cira) de la UNAN-Managua.
“Se establece que el INA tenga representaciones regionales en aquellos lugares que albergan todas las cuencas hidrográficas del país para que se inserten las municipalidades, que han sido relegadas a un papel secundario en toda esta discusión, así como las comunidades indígenas y productores locales”, enfatizó Herrera.
LEY DARá PRIORIDAD A ENACAL
La directora del medio ambiente de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), sostiene que la propuesta gubernamental da la primera opción a esta institución de manejar un recurso hídrico para brindar el servicio de agua potable.
“Se regulan el uso del agua para uso doméstico, el consumo y prestación del servicio de agua potable. La problemática es quién administra el agua, pero si vos lo mirás desde el punto de vista de regular los usos, para nosotros resulta muy beneficiosa”, enfatizó Ruiz.
La funcionaria explicó que actualmente existe un vacío legal referente al manejo del agua, lo que permite que cualquier empresa o persona pueda hacer uso de un recurso hídrico para lo que sea.
“En Sébaco hay un conflicto porque los agricultores reclaman que el agua que se estaba usando para dar agua potable a Matagalpa era de ellos. En ese sentido se viene a establecer que el agua no es de un territorio, es propiedad del Estado, donde el Estado puede hacer uso del recurso para satisfacer una necesidad de la población”, explicó.
“La ley establece los puntos claros, cuáles son los usos prioritarios para que no haya esos conflictos. Ahorita viene una zona franca, te abre seis pozos y ¿quién regula su uso? Viene una institución y dicen que no le toca, viene otra y dice que tampoco le toca. Andan tirando a la gente”, agregó.
