El suelo es de tierra en la escuela Menor Trabajador, en Waspam Norte. Cuando llueve las aulas se llenan de agua, debido a las goteras del techo.

La última de la fila Educación Pública en Nicaragua

Juan Ruiz Sierra y Arlen Pé[email protected] Un estudio a nivel regional del Programa para la Reforma Educativa de América Latina (PREAL), ha vuelto a poner de manifiesto el mal estado de la educación pública en Nicaragua y las severas desventajas que subsisten para los niños pobres. Colegios privados como el Centroamérica y escuelas públicas como […]

Juan Ruiz Sierra y Arlen Pé[email protected]

Un estudio a nivel regional del Programa para la Reforma Educativa de América Latina (PREAL), ha vuelto a poner de manifiesto el mal estado de la educación pública en Nicaragua y las severas desventajas que subsisten para los niños pobres. Colegios privados como el Centroamérica y escuelas públicas como la Menor Trabajador representan dos mundos dentro de un mismo país

Un lunes cualquiera, en un lugar cualquiera de Nicaragua, un centenar de niños forman fila en el patio de una escuela de primaria para escuchar el Himno Nacional. Cuando la música se apaga, comienzan a entrar en las aulas. ¿Recibirán una buena educación?, ¿contarán sus centros con suficientes medios para desempeñar su labor?, ¿cuántos de ellos terminarán los estudios de primaria?, ¿cuántos llegarán a la universidad?

Es hora de actuar, un estudio del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), una red de organizaciones civiles y gubernamentales, ha evaluado la calidad de la educación en Centroamérica e intentado dar respuesta a estas preguntas. La conclusión general es poco alentadora: la enseñanza en América Latina se encuentra muy por detrás de la de los llamados países desarrollados, y, dentro del subcontinente, Centroamérica es la peor parada. Nicaragua, además, está en los últimos puestos de las naciones del istmo.

“Hay días en los que no me siento con ganas de salir de la cama. Son tantos los problemas que hay que afrontar…”, declaró el lunes pasado Silvio De Franco, ministro de Educación, en la presentación del informe. ¿A qué problemas se refería?

Probablemente, y entre muchos otros, a los que tienen escuelas como la Menor Trabajador, en el Barrio Waspam Norte, una de las zonas más peligrosas y pobres de Managua.

Vista desde fuera, nadie diría que se trata de un colegio. Es sólo una más de las míseras casas que se concentran en el lugar. Ésta, sin embargo, ha sido alquilada por el Ministerio de Educación para que se impartan clases. Consta de tres habitaciones sin pintar, separadas por un muro de cemento con agujeros donde debería haber ventanas, un pasillo y un patio.

Cada uno de los cuartos está destinado a un aula; en el pasillo, otra; y en el patio, dos más. Es difícil caminar sin tropezar constantemente con algún alumno. El espacio escasea. Cada mañana 200 niños se embuten dentro de la casa. Por la tarde, otros 200. Ellos al menos están matriculados, hay muchos otros, uno de cada cuatro niños de edad primaria para ser exactos, que no asisten a la escuela.

ENSEÑANZA EN EL CHARCO

El baño es una sola letrina de paredes metálicas y olor insano. El suelo es de tierra y las maestras han de sortear el lodo y los charcos mientras explican y corrigen los ejercicios. Muchos pupitres, completamente oxidados, ni siquiera cuentan con respaldo. En otros pueden leerse mensajes de los niños. Mensajes como “Viva la Mara 18”.

Waspam Norte es un Barrio muy conflictivo, y los estudiantes no son ajenos a esta realidad. No sólo viven allí, sino que, además, juegan en sus calles durante los descansos entre clase y clase. “¿Dónde si no?”, se pregunta la maestra María Auxiliadora Romero, cuyo aspecto arreglado y rostro bien maquillado desentona con la podredumbre que la rodea. La escuela Menor Trabajador carece de un lugar para el recreo, y las docentes no tienen más remedio que dejar salir a sus alumnos.

“Muchos no vuelven a clase después del descanso”, continúa Romero. “A veces, vienen las pandillas del José Dolores Estrada, el barrio de al lado, y los alumnos salen de las aulas y se ponen a pelear y a tirar piedras. Aunque eso suele pasar por las tardes, que es cuando estudian los alumnos mayores, de hasta 15 años, los más conflictivos”, explica su compañera Marisela Marenco, una mujer joven y sonriente.

Marenco relata que algunos días lluviosos de invierno tienen que suspender las clases, porque las goteras de la casa convertida en escuela hacen imposible la docencia. De ahí los continuos charcos que salpican el terreno. “Pero es peor en verano. Se levantan enormes nubes de polvo. Como no tenemos ventanas, invaden todo el lugar. Se nos pega la suciedad en la ropa y el pelo”.

Tanto Estrada como Marenco cuentan las circunstancias de su trabajo de forma pausada. No hay lugar para la indignación. “Imagínese que los niños nos vieran enojadas. No podríamos impartir clases”, aclara Estrada mirando a sus alumnos.

Ellos, mientras tanto, observan divertidos, sin preocuparse por los ejercicios que les han encargado. Corretean por las aulas, saltan sobre los charcos. “Es imposible inculcar algo de disciplina en estas condiciones”, señala Estrada.

Muchos no terminarán sus estudios en la escuela primaria. Según el informe de PREAL, sólo el 45 por ciento de los niños y el 53 por ciento de las niñas de Nicaragua que se matriculan en el primer grado de primaria llegan al quinto curso. Menores de mirada traviesa como Elmer, que dice que quiere ser jugador de béisbol, o Mirna, cuya ilusión consiste en convertirse en modista, no estudiarán, probablemente, más de 6 años. Se encuentran entre el 25 por ciento de la población más pobre del país. El 25 por ciento más rico, al contrario, estudia durante una media de 11 años. Ellos son los que acuden mayoritariamente a la universidad.

LA OTRA ESCUELA

En esa franja privilegiada también se encuentran los estudiantes del Colegio Centroamérica, un centro privado perteneciente a la orden jesuita. Cuarenta hectáreas de terreno, una completa biblioteca, modernas computadoras, tres campos de fútbol de hierba recién cortada, multitud de canchas de baloncesto y centenares de árboles destinados a la educación y el esparcimiento de unos niños cuyos padres pueden permitirse pagar los 580 córdobas mensuales que cuesta el centro.

Aquí, los docentes cobran entre cuatro y seis veces más que los alrededor de 900 córdobas que un maestro de un centro público tiene como sueldo básico. Nunca hay más de 30 niños por aula. En las escuelas del Estado puede haber hasta 70. “Siempre digo a los estudiantes que tienen que ser conscientes de que al entrar en este colegio se sale de Nicaragua”, señala el director del Centroamérica, Julián González Barrios.

Según Jeff Puryear, codirector de PREAL, los centros públicos deben de imitar a este tipo de colegio. “Los públicos, y esto lo digo a título personal, pues no es una posición de mi organización por el momento, han de tener la necesidad de competir por los alumnos, como los centros privados. Éstos hacen todo lo posible para impartir una educación de calidad, para hacer saber a los padres que los niños están en buenas manos… El sistema público no se preocupa, no hay incentivos”.

“¿Competir por los alumnos?”, se pregunta Josefa Guevara, directora de la escuela Primero de Junio, en el Barrio de Managua Jorge Dimitrov. “Algunos niños tienen que sentarse en el suelo porque no tenemos pupitres para todos, ¿cómo vamos a competir?”.

Cuarenta hectáreas de terreno arbolado y deportivo para los estudiantes del Colegio Centroamérica, apenas 300 metros cuadrados de cemento para los de la Primero de Junio. Alrededor de 1,000 alumnos, contando los turnos diurno y vespertino, se arremolinan en ese espacio.

Guevara, como muchos otros docentes de zonas pobres, explica que una de las mayores dificultades con las que se encuentran radica en la mala alimentación de los niños. “Muchos llegan sin desayunar, y tampoco cenaron la noche anterior”, dice señalando a sus alumnos, uniformados y sucios. “En esas condiciones no pueden pensar en las Matemáticas, por ejemplo. El Ministerio de Educación nos daba antes un vaso de leche para cada alumno. Eso nos ayudaba mucho, pero hace dos meses que no lo recibimos”.

LA AUTONOMÍA ESCOLAR

El informe del PREAL, titulado de forma descriptiva Es hora de actuar, no se detiene en el diagnóstico. También propone medidas que, supuestamente, tenderían a mejorar el estado de la educación. Una de las recomendaciones en la que hace mayor hincapié es la descentralización y la necesidad de dotar de una mayor autonomía a las escuelas.

Según el PREAL, esta medida permitiría que los centros controlasen de forma significativa sus recursos. Nicaragua, a través del Programa de Autonomía Escolar de 1992 y la Ley de Participación Escolar de 2002, ha concedido margen de decisión a gran parte de las escuelas de primaria y secundaria.

El problema en muchos de esos centros autónomos es que, simplemente, no hay recursos que controlar. El Estado apenas invierte un tres por ciento del Producto Interno Bruto en educación, según informó Silvio De Franco en la presentación del informe. “Y esa cantidad no se gasta de forma equitativa entre los niveles primario, secundario y superior”, argumenta Puryear, el codirector de PREAL.

Nicaragua representa el caso más extremo de Centroamérica en cuanto a la diferencia de inversión entre los niveles universitario y primario. Gasta por alumno superior 15 veces más de lo que destina a estudiantes de primaria. Esta política “tiende a beneficiar a los más favorecidos, ya que son pocos los pobres que alcanzan el nivel de educación superior”, sostiene el informe. En el mismo sentido, Puryear declara que, en las actuales condiciones, la reivindicación universitaria del seis por ciento le parece “injusta para los alumnos de primaria y secundaria”.

Muchos colegios tienen que recurrir a las recolectas de dinero que hacen entre los padres. Pero en los barrios pobres, los padres no pueden aportar grandes cantidades.

El centro Flor de Sacuanjoche, en el Barrio del mismo nombre, es un buen ejemplo. Los niños han de compartir los libros de texto porque no hay para todos. La puerta se encuentra permanentemente cerrada con un candado. Los robos son frecuentes en esta zona. Sin embargo, el muro de cemento que delimita el terreno se encuentra lleno de huecos desde hace tres años. Agujeros por los que es fácil colarse en el interior del centro. Aquí llevan tiempo intentando reunir dinero entre los padres de los alumnos. “Pero en este barrio no les sobra precisamente. Y el Gobierno nos atiende cada muerte de obispo”, expone Josefa Medina, una de las maestras.

No todas las escuelas enclavadas en zonas de baja renta padecen las mismas condiciones. El centro escolar Quinta Nina, del barrio del mismo nombre, que está dentro del programa de autonomía escolar sorprende por la limpieza de sus instalaciones, la amplitud del lugar destinado al recreo, el buen estado de los pupitres y por un equipo de sonido con tres grandes altavoces y una mesa de mezclas. María Vargas, su directora, sólo tiene una respuesta para explicar el buen estado del centro: “Es consecuencia de una buena administración”.

Puede que, en su caso, lo sea. Pero parece difícil que incluso el economista más lúcido pudiera, sin recursos, mejorar centros como el Menor Trabajador, el de los charcos y el barro en las aulas.

UN DOCUMENTO NO EXCENTO DE POLEMICA

El Informe de Progreso Educativo en Centroamérica y la República Dominicana Es Hora de Actuar, supone la revisión de otro documento del año 2000, titulado Mañana es Muy Tarde, también publicado por PREAL. En ambos textos se formulan cuatro recomendaciones tendentes a “enfrentar el serio retraso educativo que aqueja a la región”: transferir responsabilidad en la administración de la escuela a los padres de familia, a los docentes y a la comunidad en general; aumentar la inversión en educación a un mínimo del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); renovar la profesión docente y aumentar los salarios; y, por último, establecer estándares de enseñanza comunes.

Si bien el último informe reconoce que en los tres últimos años se han adoptado medidas que suponen un tímido avance, llega a la conclusión de que “lo realizado hasta la fecha es claramente insuficiente”.

Las iniciativas propuestas por PREAL, en cualquier caso, no están exentas de polémica, ni son compartidas por todos los especialistas en la materia. Según Miguel De Castilla, investigador del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (IDEUCA), estas recomendaciones no son aplicables a un país de las condiciones económicas de Nicaragua.

De acuerdo con el investigador, la asunción de responsabilidades por parte de las escuelas “podría terminar en la privatización de la educación”. En cuanto a la inversión del cinco por ciento del PIB, ésta es “muy relativa, ya que no es lo mismo hablar del PIB de Nicaragua que del de Costa Rica”.

“Hay que incrementar el sueldo de los docentes al precio de la canasta básica, es decir, dos mil córdobas”, sostiene De Castilla, quien no considera “justo” que se les exija una mayor preparación cuando están cobrando 904 córdobas al mes.

“Existe una concepción totalmente limitada de la educación básica. Se ignora el desarrollo científico técnico de la sociedad”, concluye. Como vía de solución de los problemas que sufre la educación, De Castilla propone la formación de “mesas educativas, donde miembros del Ministerio de Educación, la cooperación internacional, las alcaldías, los maestros y los padres de familia propongan y actúen de acuerdo a los problemas que entre todos detecten”.

LAS ESCUELAS EN NUMEROS

De acuerdo al Plan Nacional de Educación 2001-2015 actualmente el subsistema de educación general tiene: 6,506 centros de enseñanza primaria y secundaria.

De los que atienden primaria 5,393 son estatales, 532 privados con subvención estatal, y 581 privados.

De los 891 centros de enseñanza secundaria 407 son estatales, 102 privados con subvención estatal.

Además, hay 8 escuelas normales estatales, 4 privadas con subvención estatal y 1 privada.

Existen 5,306 centros de enseñanza preescolar: 913 estatales, 3698 comunitarios, 154 privados con subvención estatal y 541 privados.

El personal que atiende el subsistema de educación general es de 34,884 empleados entre personal docente y administrativo.

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