- Legislación será tutelada por la Procuraduría de Derechos Humanos
Consuelo Sandoval [email protected]
La Asamblea Nacional aprobó ayer en su totalidad, la Ley de Participación Ciudadana, que establece los mecanismos de participación de los nicaragüenses en las diferentes instancias de la administración pública para presentar iniciativas legislativas, y obliga a las autoridades a someter a consulta las disposiciones, ordenanzas y resoluciones de los poderes del Estado, Regiones Autónomas y gobiernos municipales.
“En esta ley queda reglamentada la participación ciudadana en todos los ámbitos tanto económico, político y social en el sentido que primero queda consignado lo que es el derecho a iniciativa que tienen los ciudadanos a presentar leyes en la Asamblea Nacional, iniciativas de resolución y ordenanzas en los gobiernos municipales y en los gobiernos regionales”, explicó el primer secretario de la Comisión de Defensa y Gobernación, José Figueroa.
Aseguró que también quedó estipulado que la participación ciudadana en la toma de decisiones de las políticas públicas del país, a través de los comités de desarrollo municipal, departamental y nacional, así como el rol que jugarán las asociaciones de pobladores.
Destacó que la nueva legislación regulará la función y el rol que deben jugar las instancias de instituciones como el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), Consejos Regionales Autónomos, Comités de Desarrollo Municipal, y también define los planes de inversión de las estrategias de desarrollo edilicio y las transferencias municipales.
Resaltó que se establecerá el derecho de petición y de denuncia de los ciudadanos, es decir, añadió, que los funcionarios públicos no podrán negar una información solicitada por los nicaragüenses, quienes también contarán con un procedimiento para denunciar las irregularidades o conducta de empleados estatales.
Esta nueva legislación que será tutelada por la Procuraduría de Derechos Humanos, implicará la derogación de la actual Ley de Iniciativa Ciudadana aprobada en 1997, que otorga la potestad a los ciudadanos de presentar anteproyectos de ley ante el Parlamento.
El procurador, Benjamín Pérez, elogió la aprobación de la nueva legislación porque según dijo, permitirá fortalecer la labor de la Procuraduría de Derechos Humanos en todo el país, no obstante, recordó que requerirá de mayores recursos para su aplicación.