Eduardo Marenco Tercero [email protected]
El Ejército Popular Sandinista ocupó una propiedad hace más de 20 años y en vez de devolverla, se la dio a un coronel a través de un título de Reforma Agraria.
El 22 de abril de 1982, el Ejército Popular Sandinista (EPS), que para entonces enfrentaba a la guerrilla de los contras, “por razones estratégicas” instaló en una finca de las serranías cercanas a Managua, una Base de Exploración Radioelectrónica, es decir, radares para la vigilancia del Pacífico nicaragüense.
La finca de 31 manzanas, con riqueza forestal, se llama San Martín de Porres y está ubicada en Jocote Dulce. Sus propietarios, los hermanos Gallard-Prío, la habían heredado de su padre, Fernando Abel Gallard, un conservador de toda la vida.
LA PESADILLA
Pues bien, don Fernando heredó la finca a sus cuatro hijos, dos mujeres y dos varones: Alejandro Gallard-Prío, Esperanza Gallard Prío (fallecida), F. Abel Gallard Prío y Antonia María Gallard-Prío. El Ejército, a pesar de que se apoderó de la finca, los reconoció como sus legítimos propietarios, según constaba en el Registro de la Propiedad. José María Enríquez, asesor legal del Ministerio de Defensa, así lo hizo constar el siete de junio de 1983.
Sin embargo, la pesadilla para la familia Gallard Prío, inició en 1990, cuando la base del Ejército fue desmantelada y en vez de devolverla a sus legítimos propietarios, quienes no la usufructuaron durante siete años, se le entregaron al coronel Francisco Ramírez Urbina, ahora fallecido, quien resultó beneficiado con un título de Reforma Agraria. Ramírez Urbina hacía parte de la Dirección Política del EPS aunque la familia Gallard-Prío sostiene que era uno de los “comandantes de la base”.
Se abrió entonces una lucha judicial que la ganó en primera instancia la familia Gallard-Prío, pero tras una apelación en el Juzgado Primero de lo Civil, la Sala I de la Propiedad anuló la sentencia de un plumazo a favor de los representantes del coronel Ramírez.
EXIGEN RESPUESTA AL GENERAL CARRIÓN
El caso está “muerto en vida” pero la familia Gallard Prío no desfallece y enviaron una carta al general Javier Carrión, demandando justicia.
“No veo cómo se pueda permitir dañar la reputación y honestidad de nuestro Ejército Nacional, por el acto de uno o unos de sus miembros, que no tuvieron el reparo de proceder, sin tomar en cuenta el daño que le estaban infligiendo a la dignidad y a la profesionalidad del Ejército”, dice la comunicación.
Los afectados también recalcan que “no estamos solicitando favor alguno, solamente estamos apelando a su honor militar”. En la carta, que también hicieron llegar al Presidente de la República, interpelan al comandante en jefe a ratificar la constancia emitida hace veinte años, para así demostrar en el juicio que nunca se les resarció por los daños y que nunca fue enajenada la propiedad. El silencio oficial ha sido la única respuesta.
El mayor Alvaro Ibarra, jefe de prensa del Ejército de Nicaragua, dio la siguiente versión sobre el caso: “Somos respetuosos de las leyes y de las decisiones del Poder Judicial en cualquiera de sus instancias. No somos parte de este juicio y cada persona tiene el derecho de agotar los recursos que la ley le permite. Oficialmente esa es nuestra respuesta a esa situación”.
HIJO DEL CORONEL “SE HACE EL DE A PESO”
En tanto Francisco Ramírez hijo, dio una lección de cinismo. Brindó dos versiones opuestas sobre el litigio, con menos de diez minutos de diferencia.
Al recibir una llamada de LA PRENSA señaló que la propiedad no la tienen ellos en su poder, porque su padre la abandonó antes de fallecer pues dijo que no quería ser recordado de mala manera, sino como el primer guardia que entregó el fusil Garand a la Revolución, por lo que fue carceleado por la dictadura y al salir libre se integró a la guerrilla y llegaría a ser coronel del EPS. Falleció el 23 de enero del 2001 a causa de un derrame, según dijo.
Ramírez añadió que está aburrido de ese pleito pues ellos no tienen la propiedad en su posesión, sino campesinos de la zona. Cada cual cogió su parcela, según su versión. Y advirtió que el que se quede con la propiedad se queda con mucha plata porque la misma es valiosa.
“En el Registro hay una maraña”, aseguró. Dijo que no conoce a Hugo Desbas Zelaya, un abogado que según la familia Gallard representa a los sucesores de Ramírez. Por su parte, Desbas Zelaya no devolvió las llamadas a LA PRENSA.
Pero minutos después, Ramírez llamó a LA PRENSA y dijo: “Vé, todo lo que te dije es mentira. Llamé a mi abogado (al que supuestamente no conocía)… es que él nos dijo que no dijéramos nada. (En realidad) Nosotros tenemos la declaratoria de herederos y vamos a tomar posesión de la propiedad porque nos pertenece”.
UN POLÍTICO DE TODA LA VIDA
La finca de 31 manzanas, con riqueza forestal, se llama San Martín de Porres y está ubicada en Jocote Dulce. Sus propietarios, los hermanos Gallard Prío, la habían heredado de su padre, el coronel Fernando Abel Gallard Prío, un ciudadano conservador que hizo parte de las filas del caudillo Emiliano Chamorro a inicios del siglo XX, y realizó el primer llamamiento al diálogo nacional a Anastasio Somoza Debayle, el 18 de julio de 1974.
Don Fernando Abel Gallard Prío también fue uno de los confinados por el general Anastasio Somoza García en Corn Island, después de las protestas contra el dictador en abril de 1944. Fue senador. La noche del 21 de septiembre de 1956, después del atentado a Somoza García, fue hecho prisionero y torturado.
INSEGURIDAD JURÍDICA
“No se puede esperar que haya inversionistas de ninguna clase en Nicaragua, menos inversionistas honestos; mientras no se solucione el problema de la propiedad”, advirtió desde Filadelfia, Pensylvania, don Alejandro J. Gallard Prío, sobrino del “Capi Prío”, el mito viviente de León, famoso por sus helados de mantecado y leche-burras.
