Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Una delegación del Congreso estadounidense pasó el fin de semana al otro lado del río Bravo, con la esperanza de abrir más ojos en esta ciudad ante la aterradora sucesión de asesinatos y misteriosas desapariciones de docenas de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, sede de cientos de fábricas de dueños estadounidenses.
La delegación estaba compuesta por cuatro miembros hispanos del Congreso, tres de ascendencia mexicana y un puertorriqueño representante de un distrito con una elevada proporción de mexicanos.
Esta fue la primera vez que estos congresistas viajaron a Juárez para destacar la situación que empezó hace una década. Pero la delegación representó mucho más que eso. Por mucho tiempo, muchos legisladores hispanos han evitado en gran medida los asuntos fuera de las fronteras estadounidenses y han preferido servir en comisiones que trabajan en cuestiones internas como la educación, los pequeños negocios, la agricultura o la inmigración.
Dichos temas todavía demandan mucho de su tiempo, pero con los hispanos convertidos este año en la principal minoría del país, los representantes latinos al Congreso están en un camino irreversible en el que su influencia y sus responsabilidades habrán de extenderse necesariamente –y el sur parece ser una dirección obvia–. Después de todo, es esa región donde la mayoría encuentra sus raíces culturales y, aún más importante, donde muchos en sus distritos mantienen estrechos lazos y profundos intereses.
Dichos lazos ayudaron a legitimar aún más la decisión de la representante Hilda L. Solís (demócrata de California) de encabezar la delegación a Juárez. Como defensora de asuntos de la mujer, Solís había estado trabajando en los asesinatos de Juárez por algún tiempo. Pero decidió hacer el viaje después que residentes de su distrito le dijeron que habían perdido la confianza en las autoridades mexicanas y querían que ella se reuniera directamente con los parientes de las víctimas.
Es verdad que legisladores hispanos, tales como el representante Silvestre Reyes (demócrata de Texas), quien también fue a Juárez, han participado por años en delegaciones del Congreso que viajan al exterior. Pero sus propósitos han sido más tradicionales: promover los objetivos de la política exterior estadounidense, supervisar el uso de fondos estadounidenses o profundizar el entendimiento en el Congreso.
En el contexto actual, tanto votantes como líderes están haciendo un llamado a los congresistas hispanos para que asuman una misión pan-latina. Raúl Yzaguirre, presidente del Concilio Nacional de la Raza y un veterano defensor de los hispanos, dice que los líderes latinos en este país necesitan “ir más allá de lo que una definición estrecha de lo que ser americano pueda significar” y ayudar a defender los derechos de los latinoamericanos en todas partes.
Si esa labor más amplia no había empezado antes, dijo Yzaguirre en una entrevista, es porque “estábamos tan abrumados por nuestra falta de poder y la enormidad de los retos internos que no veíamos mucha oportunidad de realmente marcar la diferencia” en la región. “Ahora eso ha cambiado, tenemos el poder y el interés de expandir nuestra área de influencia y responsabilidad”.
Al menos para algunos legisladores hispanos, esa responsabilidad llama a la internacionalización de sus propias luchas por los derechos civiles en nombre de aquellos que no tienen ningún otro “recurso”, dijo el representante Luis Gutiérrez (demócrata de Illinois), el miembro puertorriqueño de la delegación a Juárez. Gutiérrez fue arrestado en dos ocasiones por protestar, en nombre de los estadounidenses que residen en la isla puertorriqueña de Vieques, contra las prácticas bélicas de la Marina estadounidense allí. Después de seis décadas, dichas protestas lograron en mayo poner fin a esas prácticas.
Por supuesto es demasiado pronto para saber si una visita de tres días de cuatro miembros del Congreso (el también demócrata de Texas, Ciro D. Rodríguez fue el cuarto), ayudará a cerrar el horroroso capítulo de las muertes en Juárez. Pero la atención del Congreso, sólo en la forma de una carta enviada en junio por Solís y otros 31 miembros al presidente mexicano Vicente Fox, parece haber logrado bastante.
Semanas después de la solicitud estadounidense de una mayor acción federal, Fox nombró una comisión para que colabore con las autoridades locales en prevenir nuevos crímenes y ayudar a que se cumpla la justicia en los antiguos casos, que en su mayoría todavía no han sido resueltos. Las autoridades federales mexicanas también dijeron que aceptarían la asistencia técnica del FBI, como lo propusieron los legisladores.
No extraña entonces que Yzaguirre haya pensado que los miembros hispanos debieran viajar ahora a Bolivia, donde enfrentamientos entre las autoridades y manifestantes contra el gobierno han dejado varias docenas de muertos esta semana. Luego una delegación podría revisar la situación de las favelas en Brasil, los famosos barrios bajos donde niños viven el remolino que producen el dinero de la droga y la violencia.
No hay nada que los detenga. Y si hieren susceptibilidades en el camino, lo que probablemente ocurrió entre autoridades locales mexicanas este pasado fin de semana, hay que recordar esto: más que simples saltos al otro lado de la frontera, estos viajes son pasos de trascendencia en un nuevo territorio que podría tener implicaciones significativas tanto para mexicanos como para otros en la región que se sienten cada vez más ignorados.
