Josué BravoCORRESPONSAL COSTA [email protected]
SAN JOSÉ.- Los extranjeros que viven en Costa Rica –en su mayoría nicaragüenses– y solicitan servicios médicos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sin ser asegurados, adeudan anualmente a esa institución 7,300 millones de colones al año (aproximadamente 17 millones 800 mil dólares).
El diputado Carlos Avendaño, del Partido Renovación Costarricense, considera que por esto es urgente aprobar el proyecto de Ley de Migración, que se mantiene en consulta en la Comisión de Gobierno del parlamento tico, para regular el ingreso de extranjeros y por consiguiente evitar este tipo de pérdidas.
“¿Qué es lo que sucede? Que algunos (extranjeros) vienen y toman el Seguro Voluntario y tienen toda la asistencia médica, pero después de haberla recibido no siguen cotizando, sino que salen del país”, explicó Avendaño.
El diputado indicó que los 7,300 millones de colones en deuda lo asume la CCSS y por ende los asociados, y “esto se tiene que regular, y de ahí la enorme importancia de que se apruebe la ley migratoria para poder regular todos estos aspectos”, argumentó.
TRÁFICO DE MEDICINAS
Para Avendaño, a la deuda hay que sumarle el desleal tráfico de medicamentos “que en estos momentos hay hacia otros lugares”, haciendo mención a un supuesto tráfico de medicinas hacia Nicaragua.
El servicio que los extranjeros más solicitan es el de maternidad, prueba de ello es que en el 2002 se registraron 74 mil nacimientos en Costa Rica, de los cuales 11 mil fueron de extranjeros, en su mayoría de familias nicaragüenses.
De igual forma la CCSS invierte unos 13 mil millones de colones (cerca de 32 millones de dólares) en atención a extranjeros, pero ellos pagaron con sus aportes a la institución unos 5 mil 700 millones de colones (cerca de 14 millones de dólares ).
Eliseo Vargas, presidente de la CCSS, explicó que esta deuda es difícil de cobrar porque como son inmigrantes algunas veces no tienen un domicilio claro, en otras ocasiones se lo inventan y hay otros extranjeros que utilizan los documentos de otras personas.
Costa Rica pretende regular el ingreso de indocumentados, principalmente de Nicaragua, por medio del proyecto de la ley migratoria, que en parte de su articulado ordena multar e incluso encarcelar a los ciudadanos que les den trabajo, les ofrezcan ayuda o los alberguen en sus casas.
