- “Se tomarían otras medidas”, afirma magistrado Roberto Rivas
María José Uriarte R. [email protected]
El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, descartó que exista la posibilidad de suspender o posponer las elecciones municipales, en caso de que a ese Poder del Estado no le asignen el presupuesto de 330 millones de córdobas que solicitan para los comicios del 2004.
Explicó que de no obtenerse la asignación estimada, lo que pasará es que se tendrán que impulsar algunas limitaciones. Entre las áreas que se podrían afectar está la entrega de padrones electorales y cartografía electoral a los partidos políticos, a pesar de que la Ley Electoral garantiza el suministro de los mismos a las organizaciones que participan en la contienda.
También dijo que los partidos políticos no podrán exigir papel de seguridad para las boletas porque se harían en papel periódico, y se estudiaría, inclusive, que el que el personal de las Juntas Receptoras de Votos trabaje en forma voluntaria.
Rivas considera que los partidos políticos deben analizar la viabilidad de establecer alianzas políticas, ya que son 33 organizaciones las que cuentan con personería jurídica, lo que les da el derecho de participar en las elecciones municipales, pero un mayor número de partidos incrementaría costos.
“Recuerden que una boleta con seis casillas no es lo mismo que una boleta con 33 casillas, esto perjudicaría, y también hay que recordar que hay movilización de fiscales, hay toda una serie de elementos que te llevan a gastar más recursos”, advirtió el magistrado Rivas.
Reiteró que la solicitud de presupuesto se basa de acuerdo a lo que establece la Ley Electoral, ya que el sistema de votación es el domiciliar, contrario a otros países que es un sistema municipal, es decir, un Centro de Votación para todo el municipio, lo que conlleva a una mínima participación ciudadana.
Tienen previsto reducir el costo del voto, de nueve a seis dólares, ya que en la actualidad no tendrán que invertir por ejemplo en la compra de flota vehicular por la adquisición que hicieron en el 2000 por el orden de los 50 millones de córdobas y que no estaban presupuestados.
