- Auditoría de la entidad fiscalizadora determina perjuicio económico contra el Estado, por más de 14.5 millones de córdobas
Jorge Loáisiga [email protected]
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Dictaminan presunción penal por camionetazos
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Auditoría de la entidad fiscalizadora determina perjuicio económico contra el Estado, por más de 14.5 millones de córdobas |
Jorge Loáisiga Mayorga
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La Contraloría General de la República tiene listo un proyecto de resolución del caso de los “camionetazos”, en el que establece presunción de responsabilidad penal contra el ex director general de Ingresos, Byron Jerez y otros tres ex funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI). Dos de ellos actualmente pertenecen al gobierno de la “nueva era”.
Estos últimos son César Napoleón Suazo Robleto, quien sustituyó a Jerez como Director General de Ingresos y actual Secretario General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Santos Acosta Acevedo, ex subdirector de Operaciones de la DGI y actual Subdirector General de Ingresos.
Suazo dijo que cuando este caso estalló el año pasado y pasó a los Juzgados, él fue llamado como testigo y nunca se le ha involucrado como autor de algún delito. Agregó que ha respondido a todas las interrogantes de los auditores de la Contraloría y que sólo está a la espera de los resultados, de lo cual confía salir sin ninguna responsabilidad porque sólo obedecía ordenes del ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada Sacasa, para emitir notas de crédito.
Por su parte Acosta también alegó que fue llamado como testigo en el caso de los “camionetazos” y que nunca se le ha imputado ningún delito. Dijo que cumplió con los procedimientos establecidos en las leyes.
El proyecto de resolución establece que de los hechos investigados se presume responsabilidad penal hasta por la cantidad total de 14,556,040.27 córdobas, lo que “constituye el perjuicio económico causado de manera intencional a la Dirección General de Ingresos, por la emisión ilícita de notas de crédito emitidas e implantadas a favor de las empresas Autonica S.A. y Minicar, para adquirir vehículos a nombre de particulares y funcionarios activos de esa institución…”
El proyecto de resolución que ya tiene el “ok” de los contralores, y sólo falta que sea aprobado en sesión ordinaria por los colegiados, señala que se compraron 38 vehículos con notas de crédito y divide las responsabilidades del perjuicio económico al Estado así: 7.9 millones de córdobas para Jerez; 1.1 millón para Martínez; 3.1 millón para Suazo y 2.2 millones para Acosta.
Jerez es procesado por este caso en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua a cargo de la juez Juana Méndez, y fue la primera de las acusaciones formuladas contra Jerez por la Procuraduría General de la República, lo que condujo a su arresto en abril de 2002. También son procesados Jesús Martínez Alemán y Harvy Thomás Mayorga Salinas, ambos directores administrativos financieros de la DGI.
El caso está en su fase probatoria y pronto será conocido por un jurado de conciencia para que determine la inocencia o culpabilidad de Jerez y los otros acusados.
