- Transparencia Internacional reprueba a Nicaragua
Luis Felipe Palacios [email protected]
Nicaragua obtuvo una leve mejoría de 0.1 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) del año 2003 con respecto al 2002, lo que es “estadísticamente insignificante” y “menor de lo que demandan los nicaragüenses de sus instituciones y funcionarios públicos”, divulgó recientemente en Londres el organismo Transparencia Internacional.
El grupo cívico Ética y Transparencia, capítulo de Transparencia Internacional en el país, dio a conocer ayer que Nicaragua alcanzó una puntuación de 2.6 de un máximo de 10, ocupando el lugar número 88 de 133 países evaluados, calificando de esa forma en la categoría de países donde existe “un alto nivel de corrupción pública”.
En el 2002 Nicaragua tuvo una calificación de 2.5, y en el 2001 de 2.4, que refleja una tendencia a la mejora de una décima anual. En este año, el país ocupó el lugar 13 entre 20 naciones de Latinoamérica.
El presidente del grupo cívico, Gabriel Solórzano, mencionó que entre los factores que incidieron en la pobre percepción del país, está la partidarización del sistema judicial y Poder Electoral, cierta negligencia en el accionar de la Asamblea Nacional y Contraloría General de la República, y contradicción en el propio Poder Ejecutivo.
“La Asamblea Nacional, conocedora y responsable de la corrupción y el lamentable estado del Poder Electoral, no cumple con su deber de sanear esta costosa situación. Tampoco interviene la Contraloría (y) otras instituciones muestran ser costosas y de un actuar poco independiente, deficiente y altamente partidizado”, valoró Ética y Transparencia.
“El mismo Poder Ejecutivo, que impulsa los casos judiciales contra personas señaladas de corrupción, se cobija en la inmunidad para no enfrentar acusaciones de delitos electorales”, apuntó el informe local, en clara alusión a la promesa del presidente Enrique Bolaños y el vicepresidente José Rizo de renunciar a su inmunidad para enfrentar el caso.
“No es sorprendente que los logros, entonces, parezcan frágiles y palidezcan en comparación con las tareas pendientes”, observó.
El gobierno se mostró insatisfecho con el puntaje recibido por Transparencia Internacional en el CPI, y responsabilizó del mismo al Poder Judicial y al Poder Electoral por su falta de independencia política, así como a la Asamblea Nacional y la Contraloría, por no respaldar con firmeza la lucha anticorrupción, dijo el vocero de la Presidencia, Joel Gutiérrez.
Gutiérrez señaló que el presidente Bolaños no se ha cobijado en su inmunidad para no enfrentar una supuesta acusación de delitos electorales, porque no existe ninguna acusación en ese sentido contra el mandatario.
Explicó que lo que existe es una denuncia de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, misma que envió el caso a la Asamblea Nacional, sin embargo no supo explicar por qué Bolaños no renunció a su inmunidad –como lo prometió públicamente.
Insistió en que la pequeña mejoría en el informe, obedece más bien a la poca firmeza de combatir la corrupción de los otros Poderes del Estado e instituciones como la Contraloría y la Fiscalía.
BAJA CALIFICACIÓN INHIBE INVERSIÓN EXTRANJERA
El grupo cívico Ética y Transparencia está analizando el resultado obtenido por Nicaragua en el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) del 2003, que ubica al país en una posición incómoda para atraer la inversión, al estar calificado entre las naciones donde existe “un alto nivel de corrupción pública”.
Gabriel Solórzano, presidente de ese organismo cívico indicó que 17 países latinoamericanos tienen una puntuación promedio de 3.5, pero lo preocupante, es que África, el continente más corrupto, tiene un promedio de 2.78, y Nicaragua está en 2.6.
“Claramente podemos decir que el índice de percepción de la corrupción de Nicaragua está inferior (al CPI) en África, lo que es preocupante porque seguimos en la categoría de países altamente corruptos”, advirtió Solórzano.
SE NECESITAN CAMBIOS INMEDIATOS EN PODER JUDICIAL
Sugirió que para dar saltos importantes en mejora de percepción de la corrupción, se requiere que el Poder Judicial adopte medidas “contundentes” para detener denuncias diarias sobre el tráfico de influencias contra los jueces.
Apuntó que el Poder Electoral tiene que racionalizar más los gastos y la Asamblea Nacional tomar medidas estrictas, porque es la institución que nombra a los funcionarios que después son acusados de supuestos actos de corrupción.