- Por incongruencias e irregularidades de una juez, el Estado casi paga más de 32 millones de córdobas a una
sociedad privada - Tribunal de Apelaciones rechazó y declaró nula una sentencia que mandaba a pagar al Estado en tres días suma millonaria
José Adán Silva [email protected]
El Estado de Nicaragua se salvó de pagar más de 32 millones de córdobas a una sociedad privada, luego que el Tribunal de Apelaciones de Managua, a través de una resolución de la Sala Civil II, falló a favor de un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Jericó Sociedad Anónima.
El caso, que inicialmente fue fallado a favor de la sociedad por la juez Cuarto Civil de Distrito, Ruth Chamorro, quien mandó al Estado a pagar a dicha sociedad, fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones el pasado 17 de septiembre y la PGR notificada el 29 de ese mismo mes.
En la sentencia, los magistrados de la Sala Civil II de ese Tribunal, admitieron los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría y por el Ministerio de Hacienda, declarando “la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua”.
La sentencia establece que la sociedad Jericó S.A. aún tiene derecho para ejercer sus reclamos por otras vías, pero sin costos para el Estado.
LA PRENSA no pudo ubicar al representante legal de la Sociedad Jericó, Ramón Barrera Hidalgo, para que brindara su versión al respecto.
NULIDAD ABSOLUTA Y PERPETUA
Jericó Sociedad Anónima, una sociedad que alega confiscación y expropiación de sus bienes por el régimen sandinista, demandaba que el Estado de Nicaragua le pagara certificados bancarios a plazo fijo, más intereses y costos legales.
JUEZ HABÍA DADO TRES DÍAS PARA PAGAR
El caso, que se radicó en el Juzgado Cuarto Civil de Distrito, fue fallado por la juez de ese despacho, Ruth Chamorro, quien mandó a pagar al Estado en tres días la plata que pedía Jericó.
El Estado, a través de la procuradora María Mercedes Aguilar y del ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, alegó que la juez no convocó a un trámite de mediación, por lo cual pidieron la nulidad del juicio.
En sus consideraciones, los magistrados del Tribunal de Apelaciones, consideran que al no haber sido convocado el Estado a un trámite de mediación, “el incumplimiento de este trámite acarrea la nulidad absoluta y perpetua y jamás puede convalidarse por la inobservancia de las partes”.
Según el doctor Walter Saborío, asesor de la Procuraduría, la juez Chamorro había cometido irregularidades en el caso, lo que sumado a que la Sociedad Jericó no presentó constancia de estar inscrita como comerciante en el Registro Público Mercantil ni en la Cámara de Comercio, salvaron al Estado de pagar la cantidad exacta de 32,790,992 córdobas.
OTRO MILLÓN SALVADO
La Procuraduría General de la República (PGR) también salvó al Estado, aunque no definitivamente, de pagar más de un millón de córdobas al ex empleado de esa instancia, licenciado Octavio Armando Picado García.
Picado, quien fungió como procurador auxiliar civil y laboral nacional, demandó al Estado el pago de 1,482,922 córdobas en concepto de indemnización y otros pagos de beneficios laborales.
Sin embargo el Juzgado Segundo de Distrito del Trabajo, emitió una sentencia donde mandó a la Procuraduría cancelar al ex procurador solamente la liquidación de 87 mil córdobas, por lo cual el Estado se salvó de desembolsar 1,396,333 córdobas.
INICIÓ MAL
Según el asesor especial de la Procuraduría General de la República para el caso de la demanda de la Sociedad Jérico, Walter Saborío, el caso desde su inicio estuvo tan mal, que debido a la sentencia que inicialmente emitió la juez Ruth Chamorro (quien mandó al Estado a pagar 32 millones de córdobas a Jericó), la Procuraduría se quejó contra la juez ante la Corte Suprema de Justicia, por haberle negado el derecho a la Defensa al Estado. “Desde chiquito comenzó mal el caso, y lo que mal comienza…”, dijo Saborío.
