Rosendo Díaz Bendaña
Según información periodística, dentro de los próximos tres meses, 33 reos de nacionalidad nicaragüense que pagan condena en prisiones de Costa Rica, serán trasladados al país para terminar de cumplir sus penas. Considero cuestionable dichos traslados, por tres razones fundamentales:
Aspecto legal
El delito no ha sido cometido en suelo nacional. No ha sido juzgado ni condenado por tribunal competente nacional. El plazo de las condenas puede variar de un país a otro. Es posible que los reos recurran de amparo al pisar suelo patrio y salgan libres, amparados en las leyes del país.
Aspecto humanitario
Es de sobra conocido que las facilidades penitenciarias de Costa Rica son consideradas como superiores a las de Nicaragua; por lo que al traer un reo que cumple pena en Costa Rica, para que termine su condena en condiciones (en general) “infrahumanas”, no es sólo injusto sino que es inhumano.
Aspecto económico
Nicaragua vive en una situación económica trágica, en que el presupuesto para alimentar a los reos es casi inexistente; la cantidad de celdas son insuficientes e inadecuadas para albergar a la población de reclusos actuales.
El pretender traer más reos que no podamos mantener, se podría considerar como una acción criminal e irresponsable.
¿Con qué motivo o razón vamos a quitarles de las manos un problema a los ticos, que no podemos nosotros resolver? ¿no existe comparación económica con Costa Rica, con ingresos diez veces superiores a los nuestros, que nos permita pretender cumplir con un compromiso internacional que pudiese estar al margen y/o en contraposición a nuestra Constitución y legislación judicial?
¿Qué opinan los juristas al respecto?
