- La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ya tiene listo el dictamen favorable para la suspensión de la inmunidad de los funcionarios y las megapensiones de los ex gobernantes, después de haber estudiado tres propuestas de ley, pero la recomendación legislativa deberá primero enfrentar los intereses políticos de quienes manejan los “botones verdes” del Parlamento.
Juan José Lacayo [email protected]
Miembros de la Comisión de Justicia declinaron revelar el contenido de las reformas y parlamentarios de las diferentes bancadas eludieron patentizar su posición alrededor de una posible limitación o suspensión de la inmunidad a los funcionarios públicos y menos aún, alrededor de la disminución o suspensión de lo que se ha denominado “megapensiones” para los ex gobernantes, alegando que desconocían el contenido del dictamen que, según se confirmó, está listo desde el pasado 25 de junio.
La comisión parlamentaria estudió tres proyectos de leyes presentados por los diputados Jorge Matamoros (conservador) y los liberales Fernando Avellán y Maximino Rodríguez.
Esos proyectos planteaban regulaciones al pago de las pensiones cuando el ex gobernante recibiera otro salario proveniente de fondos públicos y la suspensión del pago de la pensión mientras gozara del doble ingreso. Igualmente planteaba el requisito de que el pago de la pensión se solicitara al Ministerio de Hacienda, siempre y cuando el funcionario haya completado el período para el que fue electo.
La Comisión, tomando en cuenta que los tres proyectos se referían a la misma Ley, realizó un solo dictamen, incorporando las propuestas de los tres legisladores con ligeras modificaciones, dijeron fuentes parlamentarias.
DOS CARGOS REMUNERADOS
En la presentación del dictamen al Primer Secretario de la Asamblea Nacional, Miguel López Baldizón, la Comisión estima “como una falta de equidad y de solidaridad humana y social el hecho de recibir megapensiones como las que actualmente devengan los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República, lo cual se agrava por el hecho de que al mismo tiempo, están percibiendo megasalarios. Todo ello contrasta con la pobreza extrema en que vive la gran mayoría del pueblo nicaragüense, al que siempre se le piden sacrificios sin que se le dé el ejemplo moralizante y solidario, de parte de nuestras máximas autoridades”, señala un borrador de la Comisión de Justicia.
“Debe tomarse en cuenta que la pensión vitalicia tiene por objeto que los funcionarios que ejercieron las más altas investiduras, una vez que venza su período no queden desamparados y tengan ingresos que les permitan una vida digna y decorosa”, añade el documento.
“Las pensiones son incompatibles y pierden su razón de ser, cuando este funcionario esté ejerciendo otro cargo público, por lo tanto se resuelve suspender el pago de dichas pensiones a los funcionarios que estén ejerciendo cargos públicos”, indica.
Una fuente parlamentaria que solicitó el anonimato reveló que en el anteproyecto original se había planteado también reducir la cuantía de las pensiones actuales y limitarlas al equivalente de un cincuenta por ciento del salario que devengaba el funcionario en el ejercicio del cargo, pero al final, tras muchas discusiones y falta de consenso, se acordó dejarlas intactas en el cien por ciento.
SUGIEREN LEY ESPECIAL DE PENSIONES
El dictamen incluyó una disposicion que obliga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a suspender el pago de las pensiones a los beneficiarios que reciban sueldo del Estado por cargo público, en cuanto entren en vigencia las reformas.
La Comisión también recomienda que en una próxima Ley se regule el tema de las pensiones en una Ley Especial, para excluirlas de la Ley de Inmunidad “por no tener relación un tema con el otro”.
La reforma también señala que “el derecho a la pensión se extingue por la pérdida de los derechos civiles y políticos del beneficiario” y “se exceptúan del beneficio de pensión vitalicia los ex presidentes y ex vicepresidentes que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos en contra del patrimonio del Estado”.
REGULAR RETIRO DE INMUNIDAD
De los cinco artículos reformados, uno se refiere a las megapensiones y los otros cuatro corresponden a mecanismos para agilizar el desafuero de diputados y otros funcionarios públicos que gocen de ese privilegio.
La reforma faculta a los jueces de lo Penal a solicitar ante la Asamblea Nacional “la desaforación de los funcionarios que gozan de inmunidad en los casos que se presenten acusaciones en contra de estos funcionarios”, señala el artículo reformado.
“Cuando sea un Juez de lo Penal el que solicite la suspensión de la inmunidad del funcionario, ésta se tramitará de inmediato por la Junta Directiva de la Asamblea. Si la Junta Directiva no lo hiciera, los miembros que impidieron su tramitación, incurrirán en los delitos de prevaricato y/o desobediencia en su caso y en el de encubrimiento del delito por el que se solicita el desafuero”, señala la reforma.
CUATRO VARIANTES
Asimismo, las enmiendas precisan cuatro variantes de cuándo se considera tácita la renuncia a la inmunidad. Se considerará tácita cuando el funcionario protegido entable acción penal o civil en contra de otra persona; la renuncia en este caso se limitará a la litis planteada.
Asimismo, se considerará tácita con respecto a la ejecución de las obligaciones civiles o mercantiles contraídas en documentos públicos, cuando el funcionario protegido sea llamado a colaborar o testificar por un Juez Penal y cuando no invocare su condición de inmune ante el juez respectivo.
Las reformas igualmente faculta al Plenario de la Asamblea Nacional a nombrar e integrar la comisión de desafuero mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados presentes en caso de que la Junta Directiva no procediere a hacerlo en la siguiente reunión después de haber recibido la queja o acusación correspondiente.
DIPUTADOS CAUTELOSOS
En relación a estas reformas a la Ley de Inmunidad, varios diputados consultados sobre el tema se mostraron cautelosos y declinaron opinar del porqué solamente se habían reformado aspectos coyunturales como el caso de los dobles ingresos y asuntos colaterales de la inmunidad, sin profundizar sobre la necesidad de suspender ese privilegio a diputados, magistrados y funcionarios de alto rango, que ha sido un reclamo de las organizaciones de la Sociedad Civil para evitar la impunidad.
El diputado liberal Luis Benavides, miembro de la Comisión de Justicia se excusó de opinar sobre esos cuestionamientos y admitió que habían analizado el asunto, pero sin entrar en detalles.
El diputado sandinista Edwin Castro señaló que las reformas lo que pretenden es aclarar dudas sobre las indemnizaciones y pensiones de los ex gobernantes y sobre algunos aspectos de la inmunidad. Dijo que sólo eso se había tratado porque era lo que estaba propuesto.
Sobre la posibilidad de suspender el privilegio de la inmunidad advierte que hay criterios encontrados sobre el tema.
“La Unión Interparlamentaria Mundial por ejemplo, te plantea que mientras más irrestricta sea la inmunidad, más democrático es el país. O sea, que la suspensión de las inmunidades viene en contra del proceso democrático, porque se te presta a presiones políticas, vía camino judicial. Entonces, lo que tiene que haber a mi consideración son procedimientos ágiles, de forma en que no se pueda convertir la inmunidad en impunidad”, explica.
Según el diputado conservador, Jorge Matamoros, para suspender la inmunidad se requeriría de una reforma constitucional, lo que además, no sería respaldado por las fuerzas mayoritarias (liberales y sandinistas) en el Parlamento.
Reveló que en su petición al Parlamento demandó una reforma que permitiera al juez adelantar la fase investigativa, sin necesidad de solicitar el desafuero y una vez que determinara que el procesado es culpable, pudiera pedir el desafuero sin mayor contratiempo.
Dijo que él estaría de acuerdo en que se suspendieran las inmunidades a los funcionarios y admitió que la actual Ley requiere de otras reformas, al igual que la legislación electoral.
El presidente de la Comisión de Justicia, Orlando Tardencilla, no quiso profundizar sobre el contenido de las reformas pero señaló que sobre el dictamen hay consenso de las cuatro bancadas y el mismo podría ser aprobado en las próximas semanas.
UN TEMA CANDENTE
Las reformas a cinco artículos de la Ley 83 del 21 de marzo de 1990, ya dictaminadas por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, establecen algunas regulaciones a las pensiones que reciben ex presidentes y ex vicepresidentes electos por voto popular directo a partir de 1984, prohibiendo que éstos devenguen además salarios del Estado, y a la vez precisa ciertos mecanismos para agilizar el trámite de suspender la inmunidad de los diputados, pero aún quedan pendientes muchos vacíos.
El tema de las inmunidades de los funcionarios públicos cobró fuerza el año pasado, con las primeras acusaciones formales contra el ex presidente Arnoldo Alemán y varios de los funcionarios de su gobierno, acusados de lavado de dinero, fraude y malversación de caudales públicos. El proceso de desafuero de Alemán, quien ejercía la presidencia de la Asamblea Nacional con una directiva controlada por su partido Liberal Constitucionalista, tardó nueve meses en ser tramitado. Primero tuvo que ser destituido de ese cargo el 19 de septiembre y finalmente fue desaforado y puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades judiciales, el 22 de diciembre pasado, tras una intensa pugna política en el Parlamento.
A raíz de su arresto preventivo se reactivaron los reclamos de desafuero en la Asamblea y a inicios de este año se contabilizaron al menos 24 solicitudes, quejas y reclamos contra legisladores y otros funcionarios.
El otro tema es el del doble salario del presidente Enrique Bolaños, que recibe pensión en su calidad de ex vicepresidente de la República a pesar de que renunció a su cargo un año antes de concluir su período para lanzarse a la candidatura presidencial que ganó en el 2001, así como también recibe el salario propio de su actual cargo, criticado además de ser uno de los más altos salarios presidenciales del continente americano.
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