¿Qué opina del dictamen?
Noel Pereira: “Para mí (la inmunidad) es una cosa que debe reformarse totalmente, que no debe existir del todo, eso no es posible, no puede haber ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría. Considero que es una injusticia, a eso yo le llamo un delito, ¡estamos encubriendo delincuentes! Una justicia igualitaria es la base de la paz en Nicaragua”.
Edwin Castro: “Yo estaría encantado de que se haga (se suspenda la inmunidad). Pero el FSLN no está dispuesto. Lo que pasa es que aquí se confunde, la gente dice quitemos la inmunidad, pero lo que están diciendo es quitemos la impunidad. Lo que debería discutirse es quitar la inmunidad a los funcionarios en el caso de delitos contra el erario público”.
¿En qué beneficiaría al ciudadano?
Noel Pereira: “Cuando existe inmunidad se guarecen bajo su sombra los grandes culpables. En consecuencia, nosotros estamos obligados a suprimirla. Un hombre común que no tiene el privilegio de tener un cargo gubernamental o en los Poderes del Estado que tienen inmunidad, ¿por qué va a ser castigado en una forma diferente a un diputado, un presidente o un ministro de Estado?
Edwin Castro:“Aquí hay gente impune que no es inmune. Por ejemplo, hay empresas que te violan tus derechos y nadie las sanciona. Unión Fenosa te altera tus recibos y nadie la sanciona. Sin embargo, está la grita (reclamo) de la gente, esa es una impunidad. Yo creo que aquí lo que tenemos que combatir son las impunidades que pueden existir”.
¿Qué consecuencias tendría en un futuro?
Noel Pereira: “Hay que evitar que ese proceso (la inmunidad) que es correcto, se convierta incorrectamente en una impunidad absoluta. La inmunidad debería eliminarse porque encubre a los grandes culpables, pero esta modalidad no debe convertirse en una ley para castigar a los adversarios”.
Edwin Castro: “Ahí hay muchas cosas que habría que reformar, pero si se suspendiera irrestrictamente la inmunidad los particulares introducirían una serie de demandas civiles en los Juzgados, de tal forma que mantendrían a los legisladores y funcionarios en los tribunales y los sacarían de la labor legislativa o de sus funciones, o usarían esa situación para inclinar el voto de conciencia”.
