- Sólo la Fiscalía requiere de un millón de dólares para terminar el año
Ary Neil Pantoja [email protected]
La crisis financiera del Sistema Judicial nicaragüense podría afectar la segunda fase de aplicación del Código de Procedimiento Penal (CPP). La institución más perjudicada con la falta de recursos es el Ministerio Público el que requiere al menos un millón de dólares para terminar el año 2003, según la Fiscal General Adjunta, María Lourdes Bolaños.
Bolaños, quien participó ayer de una reunión de la Comisión Interinstitucional para la aplicación del CPP, declaró que hay consenso entre los representantes de las instituciones para solicitar el apoyo de organismos y países donantes y conseguir los fondos que garanticen la continuación del nuevo código en su segunda etapa.
En reiteradas ocasiones, las autoridades del Ministerio Público han insistido en la necesidad de ampliar la cantidad de fiscales en todo el país. Cifras oficiales indican que actualmente hay 110 fiscales en todo el territorio nacional, pese a que tanto Bolaños, como el Fiscal General, Julio Centeno, pretenden ampliar el número a 300, el próximo año.
La Fiscal Adjunta dijo que recientemente sostuvo un encuentro con el viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Gómez, con quien conversó sobre la posibilidad de que esa institución apoye la iniciativa de gestionar fondos adicionales ante la comunidad internacional y evitar “el colapso del CPP”. “Le dijimos (a Gómez) que podíamos hacer un proyecto para gastos corrientes y él nos dijo que nos va a apoyar en la gestión internacional”.
Recordó que para el próximo año el Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una partida presupuestaria de 80 millones de córdobas, pero insistió en que para terminar el año 2003, el Ministerio Público requiere de urgencia de un millón de dólares (un poco más de 15 millones de córdobas).
La fiscal aclaró que aún realizan los cálculos del monto que solicitarán a la comunidad internacional, aunque aclaró que ese monto sería global y en un plan a largo plazo porque incluye a toda la Comisión Interinstitucional, es decir, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Policía Nacional y otras.
