- Conversaciones, correspondencia y documentos que Byron Jerez ha entregado a autoridades, han sido puestos bajo sigilo procesal y custodia de juez de la Florida
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El ex director general de Ingresos, Byron Jerez y la Fiscalía del Estado de la Florida, Estados Unidos, mantienen una secreta negociación en busca de una absolución por los cargos de lavado de dinero que se le imputan en un tribunal estadounidense.
La negociación, hasta este momento, se ha venido manejando con suma cautela, al grado que las conversaciones telefónicas y de otra índole, las visitas (al penal de Tipitapa en Managua), la correspondencia y los documentos escritos que pudieran revelar el tipo de información que ha proporcionado Jerez, han sido puestos bajo sigilo procesal en la caja fuerte de un Tribunal de la Corte Sur de la Florida y a la orden del juez Paul C. Huck, del Tribunal Federal del Distrito del Sur de la Florida.
Una fuente de Estados Unidos especialista en temas jurídicos, dijo a LA PRENSA que cuando se da este tipo de acciones judiciales para proteger algún tipo de información, es sinónimo de que la Fiscalía está negociando con la parte acusada y se le solicita al juez la protección de la información suministrada.
Extraoficialmente se conoce que Jerez estaría proporcionando a Estados Unidos y a las mismas autoridades nicaragüenses, todas las evidencias de que él obedecía órdenes del ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, para ejecutar todas las operaciones de fraudes y lavado de dinero en las que está involucrado.
En Managua, al preguntar sobre este tema, las autoridades de la Embajada de Estados Unidos señalan que ellos no comentan los juicios.
Dichas negociaciones se circunscriben en un juicio civil para confiscar al menos tres propiedades de Jerez a favor del Estado, que la Fiscalía General de la Nación en Miami, impulsó en septiembre del 2002 contra Jerez, porque se determinó que dichos inmuebles fueron obtenidos con fondos provenientes del delito de lavado de dinero.
El juicio se mantendrá “administrativamente paralizado” hasta el 28 de noviembre, de acuerdo a la última orden librada por el juez C. Huck el pasado 25 de agosto, en la que señala que esa es la fecha para que la Fiscalía presente un último reporte y llegue a un acuerdo con Jerez.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA BASADOS EN CHECAZOS
La Fiscalía de Miami, representada por los abogados y fiscales Gerardo Simas y Curtis B. Miner, alegaron que entre febrero de 1997 y el 12 de junio de 2000, Jerez fue Secretario General y Director General de Ingresos de Nicaragua, equivalente en Estados Unidos al Servicio de Rentas Internas del gobierno (IRS), y que estaba a cargo, entre otras cosas, de la recolección de los impuestos y que Jerez al resultar implicado en un escándalo de corrupción, había renunciado a su puesto.
Que las propiedades de las que se busca su confiscación fueron obtenidas por Jerez y sus asociados, con fondos cuyo origen se determinó, procedía directa o indirectamente de actividades delictivas.
Que Jerez mientras estuvo a cargo de la DGI, emitió “Notas de Crédito” a algunas entidades que pagaban impuestos a la DGI. Las notas de crédito indicaban que el impuesto debido había sido pagado por adelantado por esas compañías, pero los fondos recibidos no fueron depositados en cuentas poseídas por el gobierno, sino que fueron depositados en cuentas controladas por Jerez.
Que la Contraloría General de Nicaragua en una auditoría ejecutada a la DGI, identificó numerosos cheques emitidos por la compañía nicaragüense de petróleo, Petronic, a otras empresas del Estado. Sin embargo la auditoría reveló que no existían recibos o registros por algún trabajo o por servicios prestados por alguna de esas compañías.
Que la auditoría también demostró, que cheques pagados a corporaciones ficticias o a individuos fueron luego llevados a un negocio de cambio de cheques, el que era de un socio de Jerez. Ahí algunos de esos cheques se hicieron efectivos, emitiéndose nuevos cheques en moneda de los Estados Unidos y a nombre de alguna de las corporaciones de las que era dueño Jerez o alguien de su familia.
Que la mayor parte de los cheques fueron depositados en cuentas de bancos panameños abiertas a nombre y para compañías bajo control de Jerez.
Que la información recibida por agentes del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos demostró, que fondos provenientes de esas cuentas panameñas relacionadas con Jerez, fueron usados para comprar propiedades en el Sur de la Florida.
PLAZO PARA ARREGLO
El 22 de agosto, el juez Paul C. Huck ordenó mantener el caso Jerez detenido administrativamente, pendientes todos de una orden del Tribunal. Se fija el 28 de noviembre del 2003 a más tardar y como fecha tope para la presentación de un nuevo reporte por parte de la Fiscalía sobre si las partes han o no llegado a un arreglo, o las investigaciones criminales cesan de ser un impedimento. Esta orden del juez fue la última del expediente y se registró el 25 de agosto del 2003.
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