- Especialista señala que es más difícil implementarla que lograr su aprobación
Moisés Martínez [email protected]
Los nicaragüenses son los que tendrán que decidir cuales son los mejores mecanismos para fomentar la aprobación, divulgación y funcionamiento de lo que sería una Ley de Acceso a la Información.
Esta es la visión de los especialistas Laura Newman, subdirectora del área de transparencia del Centro Carter y Richard Calland, consultor de esta misma institución.
Newman y Calland se encuentran en Nicaragua por invitación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para comentar sus experiencias a nivel internacional sobre legislaciones que permiten el acceso a la información pública.
En ese mismo sentido, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizó ayer un encuentro con representantes y comunicadores de varios organismos para discutir y aprobar en consenso cuáles son los puntos que debería contener una Ley de Acceso a la Información.
ASUMIR NECESIDAD
“La Sociedad Civil ya ha asumido la necesidad de aplicar una ley de acceso. Estamos hablando con ellos de cuáles podrían ser algunos obstáculos e imprevistos para aplicar una legislación de este tipo y a la vez que ellos sugieran cuáles son los mejores mecanismos para la aplicación y difusión de la Ley”, opinó Newman.
Por su parte Calland, quien es oriundo de Sudáfrica, uno de los pocos países que cuenta con una Ley de Acceso a la Información, relató que los obstáculos enfrentados en su país para la aprobación de esta legislación son similares a los de Nicaragua.
“El tipo de problemas que se dan en estos casos en los diferentes países en los que se aplica una Ley así son iguales. Lo principal es cambiar la actitud mental de la gente y su misma cultura sobre la implicancia de una legislación de este tipo. Es como hacer que un gran portaaviones cambie de dirección”, comentó.
Mientras que Newman señaló que la aprobación es sólo una fase, ya que lo más difícil es su implementación. “La gente necesita cambiar su mentalidad con una Ley de este tipo y los funcionarios tienen que cambiar de una cultura secreta a una cultura de franqueza”.
Los especialistas señalaron que es el gobierno, quien tiene la responsabilidad de difundir las ventajas de este tipo de leyes y fomentar su aplicación.
